La Autoridad de la Competencia del Estado francés multó ayer con 220 millones de euros a Google por abuso de posición dominante en el mercado publicitario en internet al dar un trato preferente a sus tecnologías. La presidenta del organismo destacó que era la primera decisión en el mundo que trataba sobre algoritmos complejos, aunque el quid de la cuestión es bastante más simple, puesto que lo que hacía Google era, básicamente, recibir información de las ofertas de sus competidores antes de elaborar las suyas, lo que le permitía penalizar a la competencia y aumentar su dominio del mercado publicitario.

Es evidente que han pillado a la compañía estadounidense haciendo trampas. Google, en una brillante gestión de daños, aceptó la sanción y negoció una serie de compromisos entre los que se incluye la designación de un mandatario independiente que controle el proceso de subasta publicitaria. Una hábil reacción que le permite evitar males mayores como podía ser, por ejemplo, la pérdida del control sobre las subastas en el mercado de la publicidad en internet. Al final, la clave del negocio de estas grandes plataformas es el control de programas fundamentales de la infraestructura de internet que les permite acceder a un inmenso caudal de información que utilizan para lograr sus propios fines particulares. Google ha salvado su poder sobre la infraestructura y ya buscará el modo de transformar nuevamente ese dominio en beneficios, hasta que llegue la siguiente denuncia.

Este fallo se suma a la larga lista de abusos perpetrados por las grandes plataformas de internet que han sido sancionados por los jueces. Tal vez ha llegado el momento de plantear que determinados servicios relacionados con internet conforman una infraestructura de carácter público que debe ser tratada y regulada como tal. De ese modo se evitaría que algunas empresas puedan monopolizar ese tráfico en beneficio propio y en perjuicio de la sociedad.