Con la tecnología como excusa, la banca, el poder financiero sobre el que se ha basado todo el desastre económico arrastrando a las economías de los Estados, anuncia que, pese a los beneficios en la cuenta de resultados del sector, destruirá en el presente año 20.000 empleos; casi 12.000 corresponden a Caixabank y BBVA, alcanzando una amortización de, aproximadamente, 120.000 puestos en trece años.

Argumentan la medida en la eficiencia, un disfraz para enmascarar la usura que siempre ha caracterizado a la familia financiera, con la excepción de aquellas cajas de ahorro y montepíos de carácter público y más social, víctimas de consejos de administración supeditados al dictado de los lobbies financieros y sus prácticas de economía especulativa.

La banca, que no tiene intención de devolver el dinero público empleado para sanear sus fraudulentas cuentas, cifrado oficialmente en 66.577 millones de euros como coste directo, se permite la licencia de arrojar al desempleo a miles de personas de forma directa, mientras, indecorosamente, hace públicos aumentos de los ingresos de sus lamentables gestores y cúpulas directivas. Aumentos que llegan a triplicarse sin sonrojo.

El sector financiero, convertido en agente «economicida» se ha constituido, con la ayuda del Estado y más concretamente del Banco de España, como líder en la destrucción de empleo. Con el agravante que supone el coste medio de un mantenimiento de cuenta, independientemente de otros costes asociados como forma de presión hacia sus clientes. Resulta paradójico: frente a las fórmulas de captación de activos en aquellos años previos a la explosión de la burbuja financiera, hoy obligan a las personas a gestionarse su actividad diaria de ingresos y gastos, trasladando cuotas por el mero hecho de tener depositados los cuatro euros que se pueden llegar a retener a duras penas.

Por no hablar de los desahucios, que daría para un capítulo aparte, el sector se está deshumanizando a gran velocidad: amortizan oficinas de cercanía, obligan a realizar gestiones presenciales en un horario concreto; presionan para la captación de recursos destinados a fondos de inversión de dudosa ética y cobran absolutamente por todo, incluso por ingresar dinero en una cuenta corriente. Practican el abuso incluso cobrándonos por una gestión externalizada de nuestro dinero: la que nos obligan con el «hágaselo usted mismo». Una práctica que les lleva a plantear despidos masivos y cierre de oficinas, traspasando gastos al sistema de pensiones y subsidio de paro públicos.

Evidentemente, estas dinámicas de eficiencia resultan obscenas y censurables en entidades cuya actividad lucrativa no ha variado absolutamente nada y en la mayoría de los casos no pasarán el filtro ético. ¿Qué es eso de la ética cuando la máquina de generar dinero está a pleno rendimiento? Desde esta perspectiva CGT proclama: ante la reducción del trabajo, reducción de la jornada laboral y no de los empleos.

Reclamamos del sindicalismo la renuncia al papel de agente facilitador en la destrucción de empleo, guardián de un sistema que potencia las desigualdades. Las fuerzas sindicales tienen que recuperar el pulso de la confrontación social, siendo exigentes con la administración laboral en el establecimiento de medidas penalizadoras frente a las amortizaciones de empleo, en un sector que, volvemos a recordar, ha sido beneficiado con más de 66.500 millones de euros.

Igualmente reclamamos de los poderes públicos la creación de una banca pública, cercana a la población y gestionada a su servicio y con carácter social.