«Me hicieron literalmente de todo. Salí muy deteriorado, tanto que hasta el juez me preguntó: ‘¿Qué te han hecho chaval?’. Pero me mandó a prisión sin investigar nada». Este es uno de los testimonios recogidos en el primer informe de la Comisión de Valoración para el reconocimiento y reparación de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de violencia de motivación política en la CAV entre 1978 y 1999, presentado ayer por Juana Balmaseda y Jon Mirena Landa en el Parlamento de Gasteiz.

Según explicaron, la Comisión de Valoración ha recibido ya las solicitudes de 1.017 víctimas de la violencia ejercida por el Estado español, y durante este año se han analizado 55 expedientes, de los que ya se han resuelto 35.

Muchas de las víctimas de los expedientes analizados no tenían filiación política y otras estaban vinculadas a organizaciones políticas y sindicales. En cuanto a los victimarios, en 33 casos eran agentes de la Guardia Civil; en 16, de la Policía española, y en cuatro, de ambos cuerpos. Sobre la propia vulneración de derechos, en once casos las víctimas fallecieron, en dos resultaron heridas de bala y en uno se produjeron lesiones provocadas por pelotas de goma.

También se han examinado 36 casos por torturas y malos tratos y cinco más, por «otras lesiones». A este respecto, Balmaseda y Landa advirtieron de la detección de «un cierto patrón de actuación» en casos de tortura, «por las técnicas empleadas y su etimología criminal: la bolsa, la bañera, golpes, el ‘pato’, la ‘rueda’, humillaciones constantes, privación sistemática del sueño, clima de terror ambiental, amenazas a extender la acción a familiares y exposición a gritos de terceros reales o grabados». Y constataron «la repetición de un patrón frecuente de omisión del deber de investigar adecuadamente las violaciones a los derechos humanos alegadas por varias de las víctimas».

En el informe se detalla que «en los casos revisados, las diligencias de investigación, cuando las hay, son superficiales y desenfocadas: investigación ausente o radicalmente ‘ineficaz’ en términos de los que debería ser esta a la luz de los estándares de un Estado democrático o de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos». «La actitud de la Fiscalía y de la judicatura, connivente con el poder policial, no es la de velar por las garantías o la legalidad, sino más bien la de convalidar actuaciones o simplemente dar curso a las detenciones, ordenar el envío a prisión aunque luego no hubiera causa alguna y siguieran sobreseimientos de las causas. La evidencia de malos tratos cuando comparecían ante el juez nunca llevaba a reprochar ese hecho, a reconocerlo, menos a investigarlo o castigarlo», añade el texto, en el que se incluye una batería de recomendaciones.

Piden reconocimiento

Entre las mismas destaca la apuesta por la ampliación del objeto de la Ley 12/2016, aprobada para reconocer a víctimas de «determinadas» violaciones de derechos humanos: «Esta Comisión manifiesta la pertinencia, conveniencia y necesidad de extender en un futuro su ámbito de actuación a otras violaciones diferentes a las relativas a la vida o a la integridad y por un espacio temporal más dilatado. Todo ello, en justicia y en consonancia con el principio de progresividad que conlleva la permanente búsqueda de la ampliación de la protección según el derecho internacional de los derechos humanos».

Además, la Comisión pide la celebración de un acto institucional, un acto público de reconocimiento, y reclama al Ejecutivo de Gasteiz la realización de una campaña pública específica sobre el contenido de la ley, sus objetivos y sus logros, «dirigida a potenciales víctimas y potenciales peticionarios, informando sobre el procedimiento a seguir y alertando sobre la inminente proximidad del cierre del plazo de presentación de solicitudes (el próximo mes de diciembre). Convendría que fuera una campaña sostenida en un periodo de tiempo suficiente para que cale en la sociedad».

En este sentido, Jon Mirena Landa subrayó que las víctimas de la violencia estatal buscan un reconocimiento público, que la sociedad sepa lo que les ha ocurrido, «porque ellos ya saben lo que pasó y sus victimarios también». Conviene señalar que el informe presentado ayer en la Cámara de Gasteiz considera que el «necesario debate democrático sobre este tema debe estar presidido por la cautela y una mirada pro-víctima para evitar la revictimización de las personas que han acudido a la Comisión, que llevan ya demasiados años arrastrando el olvido, la falta de reconocimiento e incluso, en muchos casos, una injusta estigmatización y la negación de su existencia».