Arantza Zulueta, Naia Zuriarrain, Saioa Agirre, Nerea Redondo, Iker Sarriegi, Jon Enparantza, Juan Mari Jauregi y Julen Zelarain son las ocho personas que el próximo lunes, 12 de julio, se van a enfrentar al tribunal de la Audiencia Nacional española, la Santa Inquisición de la era de Netflix para los vascos.

Afrontarán peticiones de la Fiscalía de entre 7 y 19 años de cárcel bajo la acusación de siempre: «colaboración» o «pertenencia» a banda armada. Da igual que esa “banda” no exista desde más de diez años, casi tantos como los que han pasado desde que comenzó esta operación en la que confluyeron Guardia Civil, CNI y judicatura.

Objetivo de la operación: de nuevo, el independentismo vasco. Damnificadas: ocho personas, ocho familias, ocho entornos, cientos de amigos, miles de comprometidos con unas ideas y con la solidaridad con los presos. Son ocho personas con situaciones familiares muy duras: unas con hijos muy pequeños, los hay con su pareja en la cárcel, con años de prisión sobre las espaldas y con el recuerdo a flor de piel de las torturas sufridas y confirmadas en el informe oficial del Gobierno de Lakua.

Julen Zelarain, curtido por mil golpes pero suave como el terciopelo en su exposición, reconoce que «la situación personal de cada uno no es fácil de gestionar en estas circunstancias». Sin embargo, asegura que la moral del grupo está alta y se mantiene arriba, no tanto por la esperanza de justicia como por «el ánimo que da la cercanía de la gente, por la solidaridad que estamos recogiendo en nuestros pueblos, incluso con personas que no comparten tus ideas».

Preguntado sobre si este puede ser el último coletazo de la bestia, el último golpe o los rescoldos de la versión represiva del Estado español, Zelarain, en nombre de los ocho represaliados, responde que desearían que «ojalá fuera el último juicio de estas características y que nadie fuera criminalizado por su actividad política o social pero, por desgracia, parece que no va a ser así porque la semana pasada también se produjeron detenciones –Pipe San Epifanio y Kai Saez de Egilaz– por dinámicas relacionadas con los presos y eso son diligencias abiertas, que pueden llevar a un sumario y a su correspondiente juicio».

«La sensación de moviola»

Recuerda Zelarain que en este caso «somos cuatro los que ya hemos sido condenados por pertenencia a ETA por lo que te queda la sensación de moviola, donde hay una serie de juicios, situaciones y acusaciones que se repiten. Hay elementos que coinciden de forma calcada como en casos como el de Herrira o de Gestoras pro-Amnistía. Incluso los magistrados del tribunal repiten. En mi caso, dos de los tres jueces son los mismos».

Hace referencia a los jueces y le preguntamos si, como la Guardia Civil, funcionan como un poder fáctico o un lobby contra el proceso que se vive en Euskal Herria. No le cabe ninguna duda y lo explica de forma pedagógica diciendo que durante años «se ha ido construyendo en el Estado español una arquitectura organizativa, política, jurídica para tratar de afrontar lo que para ellos era una cuestión de Estado, que es Euskal Herria. Han generado espacios de poder, incluso con capacidad autónoma de decidir y actuar. Y lo que parece es que, diez años después de la desaparición de ETA, ese tipo de estructuras siguen funcionando y actuando. No las han desmontado. Esos sectores no comulgan con la situación actual, no están de acuerdo con las dinámicas para superar las consecuencias del conflicto. Y es lo que está ocurriendo con los presos porque, aunque hay unas dinámicas que no van ni a la velocidad ni con la intensidad que nos gustaría, se está produciendo una evolución. Pero en la Audiencia Nacional hay sectores que quieren incidir negativamente en el escenario que se quiere construir aquí».

Carga política de la operación

Zelarain destaca la carga política de esta operación, que se produce en 2010, «cuando hay un debate en la izquierda abertzale para crear un nuevo escenario sin expresiones de violencia y donde se pudiese abordar el conflicto desde un contexto de confrontación democrática. El Estado es consciente de que los presos pueden jugar un papel determinante en ese debate, con lo que tiene su lógica que casi al mismo tiempo tengan lugar dos operaciones, la de Bateragune y la nuestra. Querían entorpecer u obstaculizar el debate y los presos no fueran un agente activo en este proceso».

Los abogados del caso han denunciado las irregularidades procesales que se han producido desde el inicio. Una circunstancia que Julen Zelarain explica comentando que «durante muchos años han tirado de las cloacas del Estado y en esta operación quedaron en evidencia. Tenemos el informe de la Guardia Civil que descubre la actitud que los guardias civiles deben mantener con unos detenidos y con otros, exquisito en el caso de los abogados y más dura con el resto para conseguir declaraciones que justifiquen las acusaciones. Lo que luego se confirma con los casos de tortura de varios de los detenidos».

Por si no fuera suficiente, «hay dos autos distintos de dos juzgados de instrucción. El que lleva Garzón, que plantea una serie de medidas cautelares, que son que se graben las 24 horas de la situación de los detenidos y que, si lo solicitan, pueden ver a su médico de confianza acompañados del médico de la Audiencia Nacional. Al día siguiente, Grande Marlaska elabora otro auto en el que echa por tierra las medidas cautelares de Garzón y las rebaja a una sola, que reduce a la visita al médico forense de la Audiencia. Con lo que el espacio oscuro que genera la incomunicación lo pone en marcha de nuevo Marlaska».

Luego está la dilación de más de diez años desde que pusieron en marcha la operación policial hasta la llegada del juicio oral. En este sentido, Zelarain señala que «la dilación indebida supone que las causas no pueden alargarse indefinidamente».

En algunos casos, antes de comenzar el juicio, puede llegarse a un acuerdo con la Fiscalía para atenuar las penas o incluso retirarlas en función del nuevo contexto social o político, pero Zelarain señala que «esa esperanza es muy reducida o nula. Nuestros abogados han realizado distintos gestiones tanto con acusaciones particulares como con Fiscalía y nos hemos encontrado con que su voluntad es nula, no ya para llegar a acuerdos, sino simplemente para reunirse. Por lo que la perspectiva es que haya juicio y vista oral».