Es razonable esperar que quienes comulgan con los valores del capitalismo, es decir, quienes son de derechas aunque se autodenominen liberales, o quizás por eso mismo, lleven su descendencia a un centro de enseñanza privado, a poder ser pagado por toda la ciudadanía, que es para lo que se ha inventado el término «concertado», máscara que se utiliza con el fin de esconder el latrocinio. También, que utilicen la sanidad privada, subvencionada igualmente por la colectividad a través de conciertos que desconciertan.

Sin embargo, cuesta entender que quienes se autodefinen como de izquierdas hagan lo mismo, a la vez que proclaman ser defensores de lo público. En este sentido, es curiosa la variedad de excusas que llegan a utilizar esas personas para justificar su contradicción, y que van desde «yo quería llevarlas a la pública, pero mi pareja prefería la privada y, claro, no vamos a reñir por eso…», pasando por «es que hoy en día los idiomas (inglés, francés, alemán, euskara...) son muy importantes y este centro privado es especialista en ello», siguiendo por «los horarios del centro privado se adaptan mejor a mis condiciones laborales», o «el centro privado está más próximo a mi domicilio», o «tiene transporte», etc. A todo lo anterior habría que añadir a quienes argumentan que eligen la privada por motivos religiosos, llevando la contradicción a cotas muy elevadas.

Pero, el colmo de la hipocresía, palabra que guarda relación con «máscara», la alcanzan quienes trabajando en la red pública optan por la enseñanza o la sanidad privadas, logrando la gran carambola de menospreciar a la vez a lo público del que viven y a la propia actividad que desempeñan.

Esto que relato es aplicable no solo a las personas que se dedican a la docencia, sino a todas las que trabajan en la función pública. Su opción por la enseñanza o la sanidad privadas supone un menosprecio a quienes desarrollan su labor en la red pública y, como consecuencia, a lo público en general, del que forman parte.

Mención especial merecen quienes, teniendo plaza en el funcionariado, crean una consulta privada, de tal forma que se llega al esperpento de argumentar que una persona se va a la privada por falta de atención en la pública, para encontrarse con quien le debería haber atendido en esta. Claro que, en este caso, la mayor responsabilidad recae en quienes permiten esa duplicidad, es decir, en quienes elaboran y aprueban las leyes.

La supuesta «guetización» de los centros de enseñanza públicos no se debe, por tanto, ni a su ubicación, ni al nivel económico y social del alumnado y de sus familias, sino a su abandono por parte de muchas personas que se consideran de izquierdas, y que en vez de luchar por mejorar sus medios y, como consecuencia, su calidad, optan por el sálvese quien pueda individual. Y esto mismo es aplicable a la sanidad, cuyos medios y calidad disminuyen día a día precisamente porque quienes podrían presionar para que mejorara han huido por la claraboya de los seguros privados. Una pena.