Trípoli acogió la primera reunión internacional en Libia desde el inicio de la guerra civil, para impulsar las elecciones previstas en diciembre y avanzar en la estabilización del país.

Además de representantes de la ONU, participaron los ministros de Exteriores francés, italiano y español y los jefes de la diplomacia de Egipto, Arabia Saudí, Turquía, Qatar, Argelia, Túnez, Chad y Sudán.

El objetivo es acabar con una crisis política y un conflicto militar que ha condenado a Libia al estatus de Estado fallido tras la revuelta popular que, apoyada por las potencias occidentales, derrocó hace 10 años al régimen de Muamar Gadafi.

Tras un decenio de vacío político, de imperio de las milicias y de un conflicto armado y tejido sobre la división entre el oeste y el este de Libia (Trípoli versus Cirenaica), ambos bandos alcanzaron un acuerdo en enero para acabar con una guerra patrocinada por potencias extranjeras, formar un Gobierno de transición, bajo la égida de la ONU, y celebrar elecciones presidenciales y parlamentarias el próximo 24 de diciembre.

A principios de octubre, el Parlamento de Tobruk (este), bajo tutela del mariscal Jalifa Haftar, impulsó una ley que permitiría a cualquiera que haya ostentado un cargo político o militar concurrir como aspirante siempre que haya renunciado a su posición con tres meses de antelación, requisito que facilitaría la posible entrada en la carrera electoral de Haftar, quien renunció de forma provisional a su cargo el pasado 22 de setiembre, fecha límite.

La ley fue denunciada por el Consejo de Estado (Senado), con sede en Trípoli (oeste), que apunta a una maniobra para que el exmilitar gadafista sortee el veto legal a los principales actores del desastre de estos años.

El objetivo de esta conferencia es apuntalar las elecciones, rodeadas de incertidumbre, y profundizar en las ayudas económicas y financieras al debilitado país acordadas en la conferencia de donantes de Berlín.

Mercenarios y milicias

Sobre la mesa, el debate sobre la salida ordenada de todos los mercenarios y fuerzas extranjeras que han entrado en el país desde el inicio en 2015 de la guerra contra el Estado Islámico (ISIS) y el estallido de la guerra civil.

Durante los años en los que Haftar extendió su poder en el este del país y levantó un infructuoso asedio a la capital, incorporó a sus filas a miles de mercenarios sudaneses, chadianos, árabes, sirios y rusos, y en particular a la compañía «Wagner», a la que se asocia con el Kremlin y que se dio a conocer en las guerras de Ucrania y Siria.

El Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA) sostenido por la ONU en Trípoli, recibió la ayuda del Ejército turco y de miles de mercenarios sirios reclutados por Ankara entre los grupos rebeldes y salafistas.

El Ejecutivo transitorio aspira a unificar al Ejército bajo un mando único y a desmantelar e integrar a las milicias, que ostentan realmente el poder.

Todo ello en el marco de una primera conferencia en suelo libio y en la que el Gobierno transitorio pondrá el acento «en la necesidad de respetar la soberanía, independencia e integridad territorial de Libia», en palabras de su ministra de Exteriores, Najla al-Manqoush.

Muy loables objetivos todos ellos, pero que chocan con la inercia histórica libia y con la dinámica de las potencias internacionales y regionales vecinas y que nacen ya con la ausencia en la conferencia de actores directos en el conflicto como Rusia y Emiratos Árabes, que apoyan militarmente a Haftar.