La ministra española de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, informó ayer de que la Inspección de Trabajo ha impuesto una multa a la empresa de reparto Glovo de casi 79 millones de euros. El periodo por el que la empresa ha sido sancionada es previo a la promulgación de la Ley Rider, desde 2018 hasta agosto de 2021 (momento en que entró en vigor la nueva normativa).

Díaz afirmó que se está procediendo a regularizar la situación de 10.600 trabajadores de esta empresa, y aseguró que Glovo «ha vulnerado» los derechos laborales de sus trabajadores y, además, «ha obstruido» la labor de la Inspección.

Se trata de una de las sanciones más altas impuestas jamás a una empresa. Y eso que la multa no deriva de su actuación en todo el Estado, sino por su actividad fraudulenta en las ciudades de Barcelona (39 millones de euros por el uso de los falsos autónomos y 24 millones por cuotas a la Seguridad Social) y València (10,7 millones por los falsos autónomos y 5 por cotizaciones).

Es tal la cuantía que compromete seriamente la viabilidad de la compañía, al suponer más del 15% de su facturación. Y porque, además, este es uno más dentro de una serie de procesos judiciales que tiene abiertos; entre otros lugares, el de Madrid.

Es el caso de Iruñea, donde el juicio por no contratar a 200 trabajadores ha comenzado este mes. «De todas las personas, hay unas 80 que siguen en activo», asegura Berta Arizkun, portavoz del sindicato LAB en Nafarroa.

Los procesos abiertos contra la empresa de reparto de comida rápida en Euskal Herria han ido a distintas velocidades. El primer lugar en activarse fue Bilbo. En junio de este mismo año, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco determinó que, efectivamente, los riders que utilizaba Glovo en la capital vizcaina eran falsos autónomos.

Después, en Gasteiz, un tribunal de primera instancia declaró que los 309 repartidores de Glovo en esta ciudad también estaban siendo empleados de forma irregular por parte de la compañía. En total, en el conjunto del Estado, tiene 172 procesos abiertos, a los que hay que sumar una treintena de actas de inspección.

Por otro lado, según detalló Arizkun, desde que se promulgó la Ley Rider en 2021, esta empresa -que se fundó en Barcelona y ha adquirido dimensión internacional- ha pasado a introducir pequeños cambios en su funcionamiento, que aparentemente son mero maquillaje. Así, a diferencia de como funcionaban anteriormente, ahora los riders que se dan de alta como autónomos presentan facturas a los distintos restaurantes por cada viaje, algo que antes no hacían.

Por lo demás, siguen funcionando de la misma manera, según lo transmitido a LAB por varios de estos los falsos autónomos.