El presidente de EEUU, Barack Obama, recibió ayer en Washington al rey marroquí Mohamed VI, que no pisaba la Casa Blanca desde 2004, cuando fue recibido por el entonces presidente George W. Bush. En un comunicado emitido antes de que se produjera el encuentro, la Casa Blanca respaldó el plan de autonomía de Rabat en detrimento del referéndum de indepen- dencia que reclaman los saharauis, una exigencia avalada por la propia ONU, que en 1991 desplegó una misión en territorio saharaui para supervisar una eventual consulta.

«Sobre la cuestión del Sáhara Occidental, nuestra posición se ha mantenido constante durante muchos años. Estados Unidos ha dejado claro que el plan de autonomía de Marruecos para esa región es serio, realista y creíble», afirmó en una rueda de prensa el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney.

En su opinión, este plan, rechazado por el Frente Polisario y la mayoría de organizaciones saharauis, «podría satisfacer las aspiraciones del pueblo del Sáhara Occidental para administrar sus propios asuntos en paz y dignidad».

Marruecos logró frenar en abril pasado una propuesta de EEUU para que la Minurso (Misión de la ONU para el Referéndum en el Sáhara Occidental) tuviera mandato para supervisar la situación de los derechos humanos en esa región. Nada más conocer el plan estadounidense, Rabat lanzó una ofensiva dentro y fuera del país, que llevó a una delegación marroquí a Londres, Moscú y Gran Bretaña.

Además, en el momento de máxima tensión con Washington, Rabat canceló unilateralmente unas maniobras militares bilaterales cuando ya parte de las tropas estadounidenses estaban desplazadas.

Amnistía Internacional (AI) instó a Obama a que exija al rey alauí la derogación de las leyes que obligan a las mujeres y las niñas a casarse con sus violadores y encarcelan a los adolescentes por besarse en público.

Philip Luther, director del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África, consideró «terrible que la ley consagre este tipo de actitudes. El Código Penal permite que los violadores se libren de ser procesados casándose con sus víctimas. Esto supone una discriminación para las mujeres y las niñas y las deja prácticamente desprotegidas en caso de violencia sexual».