Con una semana de retraso sobre lo previsto, debido a la fuerte polémica que ha obligado a «suavizar» su ley mordaza y represora, el Gobierno español ha dado luz verde al anteproyecto de la norma de Seguridad Ciudadana que sustituye a la de 1992, la denominada Ley Corcuera. El Gobierno del PP, que en medio de una corrupción desparramada no toma ninguna medida efectiva para atajarla pero se muestra insaciable a la hora de reprimir las legítimas protestas y de sumar nuevas faltas y delitos a la ya de por sí represiva Ley de Seguridad Ciudadana. Así, abuchear el himno español, ridiculizar su bandera, los actos que ofendan y ultrajen a España, herir la sensibilidad de un policía o insultar al rey español será motivo suficiente para multar hasta con 30.000 euros. Y sobrepasando todos los límites de la desvergüenza, el ultracatólico ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha defendido su proyecto como un paso de cara a «aumentar las garantías y libertades ciudadanas».

Definitivamente, sea en el ámbito educativo con la Lomce o en el represivo con este nuevo anteproyecto, el PP pisa el acelerador en su política de reconquista y restitución en su agenda de una derecha extrema y totalitaria. Con esta ley mordaza pretende ahondar en su apuesta por representar un gran cuello de botella donde nadie pueda pasar a menos de que se arrodille.