Después de meses analizando con detalle la actividad económica y empresarial desarrollada por el matrimonio formado por Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin, el juez José Castro ha decidido imputar a la hija del rey español por sendos delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública. Nada más conocerse el contenido del auto, las reacciones han oscilado entre un cínico «respeto» a las decisiones judiciales y la falaz afirmación de que la justicia es igual para todos. Desde luego, si algo ha dejado claro la instrucción del «caso Nóos» es que tal aseveración es falsa.

No hay más que echar un vistazo al escrito de acusación para confirmar que en el Estado español no todos los ciudadanos responden de igual forma ante la ley. Pocas veces se hallará un auto tan exhaustivo como el firmado por el magistrado cordobés afincado en Mallorca, quien dedica más de doscientos folios a argumentar su decisión y casi se siente en la necesidad de justificarla. No puede pasarse por alto, además, la actitud que en este proceso aun inconcluso han mantenido la Fiscalía y la Agencia Tributaria, que han tratado por todos los medios de exculpar a la hija del monarca y contra quienes carga el propio Castro.

Es evidente que la justicia no es igual para todos y que la venda con la que se le representa hace tiempo que cayó al suelo. En el Estado español, más allá de la existencia de una persona que por su cargo es legalmente irresponsable, lo que constituye un hecho antidemocrático, jueces y tribunales están condicionados por razones políticas y económicas. Pobres e inmigrantes componen la práctica totalidad de la población encarcelada, y quienes comparten su destino son personas que a través de su militancia han puesto en cues- tión el statu quo político e institucional. Los vascos sabemos mucho de esto. Pocos ricos conocen lo que es vivir entre rejas en un estado donde la corrupción es endémica. Cristina de Borbón tampoco pisará la cárcel.