«Nuestro alegato es el que presentamos el viernes en Euskal Herria y que tiene el apoyo de la sociedad vasca. Esperamos que este juicio sea un paso para la resolución y regresemos con 40 absoluciones». Con estas palabras, pronunciadas por Ainara Bakedano, quedaba visto para sentencia el macrojuicio contra el movimiento juvenil vasco. En la última jornada, que se alargó hasta bien entrada la tarde, seis abogados expusieron las razones individualizadas para exonerar a sus defendidos. Ahora será el tribunal de la Audiencia Nacional española, formado por Ramón Sáez Valcárcel, Manuela Fernández de Prado y Nicolás Poveda quien tenga la última palabra. La Fiscalía mantiene la petición de seis años de cárcel para los 36 procesados (cuatro de ellos, Idoya Iragorri, Unai Ruiz, Goizane Pinedo e Irati Mujika, no se presentaron ante la sala y, tras ser detenidos y conducidos a prisión, deberán de ser juzgados a parte), mientras que los letrados abogan por la libre absolución.

«La única violencia es la que estos jóvenes han sufrido», comenzaba su intervención Kepa Manzisidor. Hablaba de Eñaut Aiartzaguena, Gaizka Likona, Haritz Petralanda, Xabier de la Maza y Zuriñe Gojenola, sus defendidos, aunque la observación era extensible a la treintena de imputados que denunció haber sufrido torturas durante la incomunicación. Unos maltratos que, tal y como expuso Iker Urbina el pasado viernes, deberían de invalidar las declaraciones policiales y judiciales inculpatorias, por lo que los jueces tendrían sobre la mesa únicamente los informes policiales, los seguimientos y el material requisado durante los registros. No se quedó ahí el letrado y rememoró las palabras del propio fiscal, Luis Barroso, que admitió que aquellos procesados que fueron arrestados en el exterior no firmaron declaraciones inculpatorias. «¿Por qué quienes fueron detenidos por la Policía española o la Guardia Civil sí que lo hicieron?», se preguntó. Además, volvió a recordar los peritajes realizados por psicólogos expertos en el Protocolo de Estambul que explican el «estado de shock» en el que se encontraban los acusados que aceptaron firmar la inculpación policial para dejar de sufrir tormentos. «No hubo declaraciones voluntarias sino violentando los derechos humanos», expuso otra letrada, Atxarte Salvador.

Se trata de un maltrato que, además, fue denunciado pero que, según señalaron ayer los abogados, la Fiscalía ha intentado ocultar en sus exposiciones. Su efecto queda patente también en casos como el de Garbiñe Urra. Según explicó su defensora, Jaione Karrera, ésta «cambió lo que había venido manifestando durante todo un año en tres días de detención».

Con estos elementos, la sala no debería de tener problema para absolver a los jóvenes como reivindican sus abogados. Manzisidor señaló que, incluso «si se probasen» acusaciones como las que ubican a Aiartzaguena realizando unos carteles, esta actividad «estaría lejos de la militancia activa», que es el concepto utilizado por la jurisprudencia española para condenar por «pertenencia a Segi».

Nuevamente, la sala volvió a escuchar el concepto de «espiral perversa», que hace que un joven sea miembro de la organización juvenil por acudir a una reunión y este encuentro se convierta directamente en un acto de Segi por la presencia del mismo joven. «Las actividades eran públicas y legales», reiteró, llamando la atención sobre casos como el de Gojenola, a quien se pide seis años de cárcel «por su supuesta participación en una única reunión».

Identificación ideológica

El argumento de la actividad pública y legal fue retomado por Eukene Jauregi, quien recordó que buena parte de los supuestos indicios son, por ejemplo, colocar carteles contra las ilegalizaciones o de denuncia de la política carcelaria. También camisetas o pegatinas que «solo demuestran una determinada identificación ideológica».

Gran parte de la defensa se ha centrado en acreditar que, al margen de las declaraciones policiales, no hay indicios que apunten a la pertenencia a Segi. Es el argumento que utilizó Aiert Larrarte en referencia Ion Telleria. «No hay más que conclusiones contradictorias, informes sin firmar, declaraciones bajo tortura e hipótesis interesadas», remarcó, para ironizar acerca de que si la Guardia Civil había utilizado los «conocimientos extrasensoriales» para imputar la militancia de su defendido. «No hay informes, ni cuentas, ni seguimientos, ni reuniones. Únicamente, persecución policial e ideológica», consideró, resumiendo las bases del largo macrojuicio.