El Gobierno español no piensa moverse. La vicepresidenta, Soraya Sáez de Santamaría, lo dejó bien claro: «sobre nuestra política antiterrorista[que incluye la política penitenciaria], el Gobierno vasco conoce bien nuestra posición en este punto. Nuestra política antiterrorista no ha cambiado ni va a cambiar. Consideramos que ETA sólo tiene un camino que es su disolución incondicional y su desaparición completa».

La declaración de Madrid se vio ayer complementada por la presidenta del PP en la CAV, Arantza Quiroga, erigida en portavoz del mensaje del presidente del Gobierno español. Según insistió una y otra vez, «el lehendakari tiene que elegir si buscamos la disolución de ETA desde la unidad de los demócratas o se alía con la estrategia de la izquierda abertzale de que solo habrá disolución si hay cambio de política penitenciaria».

Arantza Quiroga afirma que Iñigo Urkullu está ocultando que en su visita a la Moncloa se encontró con un presidente del Gobierno «dispuesto a entender que había que liderar este momento juntos, fortaleciendo la democracia desde el Estado de Derecho. Cerrando así con un broche lo que ha sido la lucha contra el terrorismo desde la ley, sin atajos. Y eso es lo que me preocupa que no cuente el lehendakari. Y si lo comparte o no lo comparte. Si está dispuesto a mojarse o no».

Sostiene Quiroga, y según ella también Rajoy, que el camino a seguir es el del «liderazgo democrático» que aúne los esfuerzos de «los demócratas» -PP, PSE y PNV- para exigir a la izquierda abertzale «la asunción de un pasado de cuarenta años de terrorismo y que tengan muy claro que la palabra presos va ligado a la palabra ley». Que Urkullu «no engañe con esto». Según Quiroga, la propuesta de Urkullu incluye «medidas de gracia» al margen de la actual legalidad. Lehendakaritza lo negó después.

El PP asegura que «la cuestión es si el lehendakari va a afrontar esto de la mano de los demócratas o se va a escorar sin una línea clara. Esa es la pregunta».