Ya hemos explicado que la gestión de Kutxabank de los tres últimos años ha sido un permanente despropósito tanto desde la perspectiva de los intereses generales de la sociedad vasca como desde el punto de vista de la solvencia y eficiencia.

En efecto, durante estos tres años ni se han perseguido los objetivos que realmente debieran haberse perseguido, ni se les ha dado -en su caso- la prioridad que merecían. Y, al contrario, los intereses estratégicos del propio Kutxabank y de nuestro sistema financiero se han olvidado a la hora de abordar objetivos que nada tenían que ver con las finalidades fundacionales de nuestras cajas y ni siquiera con una mínima lógica estratégica empresarial.

Por si fuera poco, sin que sepamos en base a qué intereses, se han emprendido operaciones estratégicas ruinosas que han supuesto enormes pérdidas y que de forma repetida han estado a punto de llevar a la quiebra a Kutxabank y, con ella, a nuestro sistema financiero y a nuestra economía.

Si se nos pregunta cómo es posible que todo esto haya sucedido y se haya tolerado, la respuesta más clara y directa debe necesariamente apuntar hacia el fracaso de la función de supervisión y control de Kutxabank y, por extensión, de nuestras cajas de ahorros. Esta función de supervisión y control es, por supuesto, política pero también, en primera instancia, interna.

Todo tipo de gran empresa necesita órganos de supervisión y control verdaderamente independientes y con motivación suficiente para ejercer adecuadamente su función.

Esto es esencial para evitar la comisión de graves errores estratégicos pero, muy esencialmente, para evitar repetirlos. Y, por supuesto, para asegurar que los directivos están sometidos a un adecuado régimen de responsabilidades.

Los repetidos fallos en la supervisión y control internos de la gestión de Kutxabank han tenido lugar, por un lado, a la hora de autorizar operaciones estratégicas que nunca debieron abordarse pero, fundamentalmente, como consecuencia de no haber adoptado las medidas oportunas una vez claramente constatados los errores estratégicos cometidos.

Desde esta perspectiva, cabe destacar, en primer lugar, el fracaso de la expansión exterior de la Kutxa de Gipuzkoa. El desastre que esta expansión exterior supuso quedó evidenciado con el estallido de la crisis financiera. Una adecuada supervisión por parte de los órganos de control de esta entidad -y, posteriormente, de Kutxabank- debiera: a) haber rectificado de inmediato esta estrategia, no sólo deteniendo la expansión -sólo faltaba- sino amortizando el conjunto de esta red de forma acelerada. b) haber sustituido de forma inmediata a los ejecutivos implicados en esta estrategia.

La sustitución de los ejecutivos no es un acto de venganza. Es un requisito imprescindible para hacer posible que la corrección de una estrategia errónea se efectúe de forma rápida y eficiente.

Sin embargo, se hizo exactamente lo contrario. Se protegió a los ejecutivos implicados, se los mantuvo en los máximos puestos de la dirección y, peor aún, se ocultó la gravedad y trascendencia de lo ocurrido. Recordemos que ésta fue una de las razones fundamentales de la rápida aceptación por parte de Kutxa de la fusión con BBK y Caja Vital.

De esta forma, se ocultaban dentro del conjunto las enormes pérdidas que la red de expansión de Kutxa generaba e iba a seguir generando. Por cierto, recordemos también que esta ocultación a través de la integración con otras cajas del desastre generado por una disparatada expansión es exactamente lo que venimos reprochando a Caja Navarra. Los que entonces eran miembros de los órganos de Kutxa deberían explicar de forma detenida y pública por qué se actuó de tal forma. Lo cierto es que ni entonces ni ahora se ha explicado lo sucedido con la red de expansión de Kutxa ni, por supuesto, se han adoptado las medidas lógicamente derivadas de todo ello.

El segundo fallo esencial de supervisión y control se produjo con la operación de adquisición de CajaSur. De una gravedad cualitativamente superior por haberse producido en 2010, en plena crisis financiera, cuando la desastrosa situación del sistema financiero español en su conjunto -y de CajaSur en particular- era sobradamente conocida. Parece imprescindible clarificar en base a qué soportes argumentales se posicionaron al respecto los distintos miembros de los órganos de control de la BBK que autorizaron esta operación.

Deberían acreditar que existieron argumentos rotundos, informes objetivos que la justificaban, etc. Por supuesto, si es que existen, ya que hasta ahora no se han dado a conocer.

Esta falta de responsabilidad y de capacidad de reorientar la gestión estratégica permitió crear un clima de impunidad e irresponsabilidad que fueron, sin duda, esenciales, para que la dirección ejecutiva de Kutxabank continuara realizando sucesivas apuestas estratégicas no sólo ruinosas sino contradictorias con los fines y objetivos de la entidad.

Y, sin embargo, los órganos de supervisión de las cajas de ahorros y de Kutxabank siguen sin actuar. Las sucesivas estrategias abordadas por los ejecutivos de las cajas y de Kutxabank durante los últimos años necesitaban una explicación, un contraste y la adopción de las medidas correspondientes. Nada de esto se ha hecho y, en este contexto, no debería extrañar que la dirección ejecutiva de Kutxabank siga considerándose incuestionable y con plena libertad para actuar sin sujeción a control o supervisión adecuados.

Si debemos seleccionar, podemos identificar las siguientes actuaciones estratégicas cuya explicación permanece pendiente: «Expansión externa de Kutxa; adquisición de CajaSur; proyecto de bancarización y constitución de un gran banco» en 2011; proyecto de adquisición de Caja Castilla-La Mancha; proyecto de adquisición de Caja de Ahorros del Mediterráneo; proyecto de adquisición de Catalunya Banc; actual propuesta de dilución del capital entre inver- sores privados».

En todas y cada una de estas actuaciones estratégicas se han producido fallos tan radicales y repetidos de los mecanismos de control y supervisión en los órganos de Kutxabank que, como veremos, la reflexión debe trascender a los mismos para avanzar hacia los siguientes niveles de supervisión y control: los medios de comunicación y los órganos políticos (ejecutivos y parlamentarios) con competencias al efecto.