Cumplir las condiciones a las que obliga la Ley de Extranjería que está en vigor en el Estado español no es fácil para muchas personas que residen en Euskal Herria y puede llegar a ser imposible para quienes han sido engañadas cuando se disponían a regular su situación.

En este contexto, una veintena de personas se concentró ayer en la Gran Vía bilbaina, a las puertas de la Oficina de Extranjería, para demandar a la Subdelegación del Gobierno español que no se les deje en situación irregular tras ser estafadas por una abogada, un gestor y un empresario.

Exhibiendo una pancarta con el lema «Queremos justicia, papeles y trabajo» y haciendo sonar varios silbatos, llamaron la atención de los viandantes. Su objetivo es lograr una prórroga de los permisos tanto para ellos como para otros colectivos que se encuentran en situaciones similares.

Prórroga frente a expulsión

Explicaron que, para regularizar su estancia, la Oficina de Extranjería exige que las personas que han conseguido un permiso de residencia demuestren que tienen ingresos superiores a 2.000 euros al mes o que aporten un contrato de trabajo de un año de duración y 750 euros mensuales. «Solicitamos -añadieron los convocantes en una nota de prensa- que se conceda una prórroga hasta que puedan cumplir esas condiciones, ya que de otra manera quedan en situación irregular como si nunca hubieran tenido un permiso. Esto afecta a quienes han colaborado con la Justicia, pero también a quienes han conseguido un permiso por razones humanitarias, por enfermedad o por haber llegado como menor».

Advirtieron de que la falta de flexibilidad y de adecuación a las circunstancias del mercado del Reglamento de Extranjería -que desarrollaba la ley del mismo nombre- deja a las personas sin papeles en situación de desprotección y en manos de quienes quieren explotarlas laboralmente.

Denuncian que podrán ser expulsadas y que, mientras tanto, quienes les han estafado quedarán impunes ante la falta de testigos en los numerosos procedimientos judiciales que aún se prolongarán durante años.

Las personas que realizan este tipo de estafas se sirven de las pocas posibilidades de que les denuncien ante la Policía -ya que podría iniciarse un procedimiento de expulsión contra el denunciante- y de que se las crea o sigan aquí para cuando que se celebrasen los juicios.