El Gobierno español sometió a consultas de la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (integrantes de la Troika junto al Fondo Monetario Internacional) la aprobación por la oposición del Parlamento navarro de la ley antidesahucios que posteriormente recurriría ante el Tribunal Constitucional. Así lo reconoce una respuesta por escrito del comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, al eurodiputado de Aralar Iñaki Irazabalbeitia, que se interesó por los motivos que llevaron a Comisión y BCE a recomendar a Madrid que supervisase estas normas con el objetivo de que no pusiesen «en riesgo la estabilidad financiera».

En su contestación, Rehn indica que, pese a que la legislación que regula las ejecuciones hipotecarias no se incluye dentro del Memorándum de Entendimiento que reguló el rescate bancario de 2012, el Ejecutivo de Mariano Rajoy tiene obligación de consultar con las instituciones financieras las normas estatales y autonómicas sobre impago de créditos debido a su posible efecto sobre la intervención y el sistema financiero. Y entre ellas, la Ley Foral 24/2013, de 2 de julio, de medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda en Nafarroa, actualmente en suspenso hasta que el Alto Tribunal determine si se acomoda a la Carta Magna después de un recurso interpuesto por Moncloa.

No está en el memorándum

El memorándum suscrito para dar luz verde a los 100.000 millones con los que la Troika intervino la banca española incluyó una serie de condiciones entre las que se encontraban, por ejemplo, la reforma laboral. Pese a ello, Rajoy insisitió, en el momento de la firma, que la «letra pequeña» afectaría únicamente a los bancos y que no habría contrapartidas macroeconómicas o legislativas.

La práctica ha venido desmintiendo aquellas afirmaciones del presidente español, pero ahora es el propio Olli Rehn, el todopoderoso comisario económico, quien le lleva la contraria.

En primer lugar, Rehn recuerda que el Estado español, para recibir la ayuda, no tiene otra opción que cumplir con «algunas condiciones» que están referidas «tanto en lo que respecta a los distintos bancos como al marco regulador y de supervisión». «El Memorándum también estableció que las autoridades españolas deberían consultar de antemano con la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE) sobre la adopción de políticas del sector financiero no incluidas en el ME, pero que podrían tener un impacto importante en la consecución de los objetivos del programa», recuerda. Unas políticas como la ley antidesahucios de Nafarroa, recurrida ante el TC, o la andaluza, también parada a la espera de que el máximo tribunal español se posicione.

No son nuevas las presiones de la Troika en los procesos que han acompañado la aprobación de normas que buscan limitar el poder de los bancos a la hora de expulsar a inquilinos que no pueden hacer frente a la hipoteca. De hecho, los propios magistrados del TC manejaron informes de las instituciones monetarias internacionales que alertaban sobre los «riesgos» para el sistema económico de poner freno a los desahucios. Lo que ahora matiza Rehn es que pese a que la normativa hipotecaria constituye una competencia propia de los Estados (y, en su caso, de los gobiernos autonómicos), el rescate implicó una pérdida de soberanía que obliga a Madrid a lograr una especie de autorización previa. Y todo ello, pese a que las normas que permiten los desahucios han sido duramente criticadas por la Justicia comunitaria.