Cualquier empleado sabe que, si quiere conservar su puesto de trabajo, no debe negar al jefe la información y la documentación que le solicite. Resulta suicida responder a sus requerimientos diciéndole que lo que pide no le interesa y que además hay un pacto entre los trabajadores por el cual su contenido es secreto. Pues eso es, más o menos, lo que hizo el Departamento de Seguridad con las instrucciones que le requirió la jueza que investiga la muerte de Iñigo Cabacas.

Me explico: los gobiernos en general, y sobre todo en materia policial, no acaban de entender que la ciudadanía no es su enemigo, sino su jefa, la dueña de la empresa, la que les paga a fin de mes. Y, en el caso que nos ocupa, la jueza es nuestra delegada para comprobar si hicieron bien su trabajo. Tengan en cuenta que el resultado de aquella actuación de la Ertzaintza fue la muerte de una persona.

De acuerdo a los criterios de responsabilidad y separación de poderes existente, no se entiende que el Departamento de Seguridad niegue a la jueza unas instrucciones que están en poder de 8.000 agentes de la Ertzaintza. Ya juzgará ella si le son útiles para su investigación. Diga lo que diga la consejera, la negación de esos protocolos solo puede entenderse como un provocar que pase el tiempo, manifestación del poco entusiasmo democrático con el que la Ertzaintza encara esta instrucción.

En voz baja se alega que si se remiten los protocolos al juzgado y se incorporan al sumario, es cuestión de tiempo que acaben haciéndose públicos. Y ahí es donde está la madre del cordero y el verdadero sentido de esta columna. Las instrucciones sobre cómo debe actuar la Ertzaintza ante concentraciones en la vía pública o cómo ha de emplear el material para disturbios deberían ser de conocimiento público para que la ciudadanía, -es decir, la jefa- pueda saber en cada momento si sus empleados están trabajando como deben. Porque en esas instrucciones, además, no hay nada secreto que haga peligrar la acción policial.