Hoy domingo se celebran dos elecciones: en el mayor y en el más pequeño país de Sudamérica. Mientras los resultados de la segunda vuelta en Brasil tendrán un impacto profundo en la región, la primera vuelta en Uruguay mostrará el diseño final del Parlamento, debiendo esperar a fines de noviembre para conocerse quién será el nuevo presidente.

Lo común en ambos casos es el giro conservador que queda impreso en las instituciones. En la primera vuelta brasileña, celebrada el 5 de octubre, el Partido de los Trabajadores (PT) obtuvo su menor bancada en años. Perdió 18 diputados: de los 88 que tenía se quedó con 70. La caída más estrepitosa se produjo en São Paulo: perdió un millón de votos.

El nuevo parlamento (513 diputados) es mucho más conservador que el anterior: los sindicalistas electos pasaron de 83 a sólo 46. Por el contrario, la bancada evangélica, que ya tenía 70 miembros, siguió creciendo en base a la oposición al aborto y al matrimonio igualitario. La «bancada de la bala», integrada por militares y policías que proponen la defensa individual armada frente a la delincuencia, tuvo un crecimiento del 30 por ciento. La bancada de empresarios asciende a 190 diputados. La bancada ruralista, vinculada al agronegocio, creció un 33 por ciento y obtuvo la mayoría absoluta con 257 parlamentarios.

En Uruguay se producirá un resultado similar. Todas las encuestas vaticinan una caída de entre tres y cinco puntos para el Frente Amplio (FA). En 2004 Tabaré Vázquez ganó en primera vuelta con el 51%. En 2009 Mujica obtuvo 48% en la primera y 53% en la segunda. Ahora Vázquez no superará el 45%, perdiendo la izquierda la mayoría parlamentaria.

En ambos casos, lo más probable es un triunfo oficialista en segunda vuelta. Dilma Rousseff vencerá hoy a Aecio Neves y Vázquez a Lacalle Pou en un mes. El problema de ambos será cómo gobernar con parlamentos derechizados, reflejo de la dispersión del voto de izquierda entre varios partidos pequeños, los votos blancos y nulos. Pero también, del creciente conservadurismo de sociedades que han hecho del consumo y la propiedad, sus nuevos ídolos.

Lo que está en juego es la política exterior, la integración regional y las relaciones con Estados Unidos. Por el contrario, las políticas internas tendrán pocos cambios, ya que es poco probable que la derecha modifique las políticas sociales implementadas por el PT y el FA. Sin embargo, en ambos países las izquierdas tendrán que proceder a un ajuste del gasto público ante la caída de las exportaciones y la consecuente evaporación de los superávits comerciales.

Neves pretende estrechar relaciones con Washington y promover un giro en las relaciones comerciales con los socios sudamericanos, para dar prioridad a los «negocios», en contraposición con la posición «ideológica» que sostendría el gobierno de Rousseff. En efecto, uno de los aspectos más discutidos es la prioridad concedida por las izquierdas a la integración regional, tanto al Mercosur como a la Unasur.

La política exterior de Brasil se asienta en su alianza estratégica con Argentina, los dos países más industrializados y relevantes de la región, capaces de arrastrar, juntos, al resto. En 1991, las derechas, representadas por los presidentes Carlos Menem y Fernando Collor de Mello, crearon el Mercado Común del Sur (Mercosur), al que rápidamente se asociaron Paraguay y Uruguay, y dos décadas después Venezuela. Ahora el tratado cuenta con cinco países más asociados: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.

La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) fue creada a instancias de los gobiernos progresistas en 2008, con especial empeño del presidente Lula, para profundizar la integración. Cuenta con trece consejos sectoriales entre los que destaca el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (Cosiplan), encargado de darle continuidad al proyecto de integración de la infraestructura regional, un vasto plan de carreteras, aeropuertos, ferrocarriles y puertos que interconectan los países y el flujo de mercancías entre el Pacífico y el Atlántico, con inversiones millonarias financiadas, entre otros, por el brasileño BNDES.

El Consejo Suramericano de Defensa, que en su momento fue definido como la «OTAN sudamericana», encara la articulación de las fuerzas armadas de cada país y se propone crear una industria militar de defensa para la región. La cooperación avanza paso a paso pero con mayor firmeza que en otros rubros, como el Banco del Sur que no acaba de despegar. La Embraer brasileña acaba de poner a punto el carguero militar KC-390, destinado a sustituir al estadounidense C-130, en el que colaboran las industrias de defensa de Argentina, Colombia y Chile, países que ya comprometieron la compra de aeronaves. Algo similar puede suceder con el caza de quinta generación Gripen NG que se construirá en Brasil desde 2016. La fuerza aérea argentina ya se comprometió a comprar 24 aparatos.

Sin embargo, una hipotética victoria de la derecha brasileña puede enlentecer la creación de una industria militar regional, así como frenar la profundización de la integración política y comercial. Esta es aún demasiado frágil. Todos los países sudamericanos son exportadores de commodities (desde soja y carne hasta minerales y petróleo), sus economías no son complementarias, ya que compiten con los mismos productos en los mismos mercados. Además, Colombia, Perú y Chile participan en la Alianza del Pacífico, considerada la porción latinoamericana (junto a México) del Acuerdo Transpacífico que está tejiendo Estados Unidos para contener a China.

Aunque se ha avanzado, la región está lejos de romper su cordón umbilical con Washington. Un triunfo de las derechas en las elecciones de hoy, enterraría por largo tiempo uno de los proyectos más ambiciosos, contemplados en la creación del Banco del Sur: una moneda regional capaz de romper con la hegemonía del dólar. Pero en el corto plazo, el más afectado sería el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro.