El juicio contra D3M y Askatasuna ha terminado hoy en la Audiencia Nacional. En las conclusiones finales, la Fiscalía ha retirado la acusación contra Fernando Antia y Aitor Liguerzana y ha rebajado la petición de condenas contra el resto.

En ese instante el público ha comenzado a aplaudir a los exculpados y la presidenta del tribunal, Manuela Fernández de Prado, ha advertido a los presentes que ordenaría su desalojo en caso de no guardar silencio.

"No no, no se puede aplaudir en un tribunal de justicia. Se lo ruego, que no se vuelva a producir una situación de este tipo"", ha reclamado la magistrada.

El fiscal Vicente González Mota ha reclamado seis años y cinco meses de cárcel por "pertenencia" a ETA para Amparo Lasheras, Arantza Urkaregi, Elixabete Zubiaga, Agurtzane Solabarrieta, Hodei Egaña, Zuriñe Zorrozua, Iker Rodrigo, Imanol Nieto y Unai Berrostegieta.

Para Xabier Isasa y José Antonio Munduate ha pedido cinco años de prisión por "colaboración".

El representante del Ministerio Público ha defendido que a los imputados se les acusa de "servir al entramado de ETA" y que en el juicio contra D3M y Askatasuna no se puede tener en cuenta el cambio del escenario político tras el cese de actividad armada decretado por la organización armada vasca.

En la petición inicial, el Ministerio Público reclamaba penas de entre 9 y 7 años de cárcel por poner en marcha las candidaturas Demokrazia 3 Milloi (D3M) y Askatasuna, que pretendían recoger el voto de izquierdas y abertzale en las elecciones al Parlamento de Gasteiz celebradas el 1 de marzo de 2009.

La abogada Jone Goirizelaia ha reclamado la absolución de los imputados y ha recordado que la acusación se basa en informes "ad hoc" elaborados para ilegalizar a D3M y Askatasuna.

Goirizelaia ha pedido a los magistrados que "corrijan" la percepción que existe en Euskal Herria de que "los tribunales españoles tienen una vara de medir distinta" dependiendo de los casos.

Asimismo, ha indicado que la única prueba que ha quedado acreditada es la participación política de los imputados.

Por su parte, el letrado Kepa Landa también ha reclamado la libre absolución de sus representados al entender que no cometieron ningún acto de relevancia penal y han impugnado las actuaciones policiales por sus "fallos" en la traducción del euskera, entre otras irregularidades.

Durante el turno de última palabra, Amparo Lasheras, ha hecho un alegato en nombre de todos los acusados para exigir al tribunal que emita "un sí a la libertad de expresión de todas las ideas y a la participación política de todos los proyectos".

"Nos hemos sentado en el banquillo por defender y ejercer derechos civiles y políticos y, en particular, el de la participación política, en base a una interpretación de la legislación vigente que parece ser que va encaminada a condenar ideas y excluir de la participación proyectos políticos muy determinados", ha dicho.