Amador Jiménez, el padre del vicepresidente navarro, Roberto Jiménez, está acusado de un delito de prevaricación urbanística continuada y desobediencia. Solo queda que se fije la fecha de la vista oral, que tendrá lugar en un juzgado de lo Penal de Tafalla. Jiménez es alcalde de Pitillas desde que se inhabilitara a Rafael Esparza, también por un delito de prevaricación, por los empadronamientos ilegales de 2003. Posteriormente, Jiménez ganó dos elecciones bajo las siglas PSN (antes se presentaba por una lista independiente).

La acusación por desobediencia y prevaricación se refiere a un presunto trato de favor hacia quien fuera su teniente de alcalde, José Luis Lesaga, al avalar reiteradamente la reconstrucción de un muro declarado ilegal, que fue derribado en varias ocasiones por orden judicial. El padre del vicepresidente también fue imputado en 2007 por no anular el censo que permitió el pucherazo de Pitillas. Esta segunda causa ha sido sobreseida, pero solo de forma provisional.

Aunque resistirse al derribo de un muro parezca un tema menor, la tenacidad que ha mostrado Jiménez para no acatar los requerimientos judiciales sobre el cerramiento raya lo caciquil. Su negativa le ha valido varias multas de entre 1.000 y 1.500 euros en los últimos años. La mecánica para defender el muro de la finca de Lesaga era, en resumen, bastante simple. El padre del vicepresidente otorgaba la licencia que Lesaga necesitaba para derribar el muro y cumplir con el requerimiento. Sin embargo, en paralelo y de forma sistemática, le concedía una nueva licencia para reconstruirlo en el mismo lugar a sabiendas de la ilegalidad de esta segunda concesión. El alcalde llegó incluso a manifestarse junto con una treintena de personas defendiendo a Lesaga y su muro ilegal.

Esta obstinación en incumplir las distintas sentencias ha ido agravando el presunto delito. Ahora se enfrenta a un proceso bastante serio. La acusación particular pide para él 18 meses de cárcel por prevaricación urbanística continuada, que también podría conllevar una inhabilitación de nueve años. Además, también se le acusa de un segundo delito de desobediencia por el que se le solicita una multa de nueve meses a razón de diez euros diaros y otros 18 meses más de inhabilitación. Por último, la acusación pide que se le impongan 18.000 euros como responsable civil subsidiario de los gastos que han supuesto los sucesivos derribos del muro y las costas judiciales que ha tenido el litigio para las arcas de Pitillas. El muro, a día de hoy, está demolido.

En esa misma vista oral también está encausada la esposa de Lesaga, María Ángeles Díaz Ramos, porque es funcionaria municipal. Díaz Ramos se enfrenta a una petición de siete años de inhabilitación y seis meses de prisión, ya que la acusación entiende que, en su caso, la prevaricación no se produjo de forma continuada. En un principio, la Fiscalía estaba personada en la causa, pero finalmente parece que no estará.

Juicio por el pucherazo

Este juicio por el muro es el último escándalo de una larga lista de irregularidades y comportamientos dudosos que ha tenido el actual alcalde de Pitillas. En el origen de todo está el empadronamiento masivo (de 138 personas, un 28% del censo) antes de las elecciones de 2003. En esa época, el pueblo se encontraba dividido entre opositores y partidarios de la construcción de una incineradora (proyecto que, finalmente no llegó a realizarse y que ahora se ha reimpulsado desde el Gobierno con la famosa «valorización de residuos» en la cementera de Olazti).

La formación en la que participaba Jiménez (Agrupación Independiente de Pitillas, AIP) era favorable al proyecto de la incineradora y se enfrentaba a la candidatura de los detractores, la Asociación Democrática de Pitillas. Las elecciones se preveían reñidas, por lo que la AIP optó por amañar el resultado, empadronando a personas no residentes los meses anteriores para garantizarse la victoria.

La manipulación del censo sirvió para que la AIP venciera las elecciones, pero le acarreó al alcalde Rafael Esparza una inhabilitación por prevaricación vinculada a delito electoral (fue denunciado por permitir los empadronamientos fraudulentos). Su teniente de alcalde, Amador Jiménez, tomó entonces las riendas del pueblo. La vinculación de Jiménez con esta manipulación del censo es más que evidente, ya que empadronó al menos a seis personas no residentes en su propio domicilio (Esparza hizo otro tanto en su vivienda, al igual que Lesaga).

Posteriormente, Jiménez fue denunciado en 2007 por la Asociación Democrática de Pitillas. Le acusaban de no haber corregido todavía ese censo engordado para el pucherazo. El alcalde hizo caso omiso de las advertencias de que debía eliminar del censo a ese centenar de personas que no residen en la localidad, por lo que pudo cometer prevaricación por omisión de su deber. Actualmente, esta causa contra el padre del vicepresidente se encuentra sobreseida, pero podría ser reactivada.

Amador Jiménez milita en el PSN desde hace quince años. Según el código ético del partido, debería ser expulsado, puesto que los imputados no pueden ostentar cargos, pero quien le debería expulsar es su hijo Roberto, el secretario general.