El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, anunció ayer que las elecciones gallegas se celebrarán el próximo 21 de octubre, al igual que los comicios en la CAV, con el objetivo de contribuir, dijo, a la «estabilidad de España» al ahorrar «un periodo electoral de seis meses, excesivamente largo. En principio, ambas deberían haberse celebrado en marzo de 2013.

Feijóo despejó la incógnita sobre la fecha de las elecciones tras un Consello de la Xunta extraordinario, y adujo tres motivos principales para adelantar los comicios. Por un lado, la necesidad de que el Gobierno elegido en las urnas apruebe los presupuestos para el próximo año, en un momento de «extraordinaria dificultad económica»; por otro, para favorecer un «mayor enten- dimiento» entre las fuerzas políticas gallegas, y citó la negativa de PSdeG y BNG de apoyar su propuesta de reducción de diputados en el Parlamento gallego, y, en tercer lugar, «la obligación de las autonomías de favorecer la estabilidad política» que, a su juicio, se logra haciendo coincidir las elecciones de la CAV y las gallegas, por lo que supondrá de ahorro, tanto económico como en «incertidumbre e inestabilidad».

Ayer era el último día hábil para que Feijóo hiciera efectivo el adelanto electoral ante su Gobierno, un anticipo con el que el presidente de la Xunta confía en amarrar la mayoría absoluta -ahora pírrica ya que solo cuenta con un escaño más que la suma de PSdeG y BNG- que le permitiría seguir gobernando en Galiza y con la que pretende también evitar un mayor desgaste. Si hace uno o dos años se daba por sentada la continuidad del PP, las impopulares medidas que el Gobierno del PP está adoptando a nivel estatal y la propia incapacidad de su partido de afrontar los problemas que aquejan a los ciudadanos gallegos y de cumplir sus compromisos electorales han aumentado el descontento social y puesto en cuestión esta posibilidad. Sin mayoría absoluta, el PP no tiene posibilidades de gobernar al no tener capacidad de pactar con nadie, aunque las perspectivas de una eventual pérdida de la mayoría absoluta no son tan claras como en 2005.

Esta convocatoria electoral anticipada deja en el cajón alguno de los últimos proyectos de Feijóo, como la reforma de la ley electoral y la comisión de investigación sobre las cajas.

La citada reforma planteaba, con el argumento de la «austeridad» la rebaja de 75 a 61 en el número de diputados en la Cámara, un recorte que afectaría a los representantes de la Galiza atlántica (Pontevedra y A Coruña), la más progresista, y le aseguraría al PP la mayoría absoluta, una maniobra criticada por PSdeG y BNG, que vieron un «pucherazo».

La imposibilidad de llevar adelante a tiempo esta reforma, que el PP dice que incluirá en su programa electoral, parece haber precipitado las cosas.