Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias solicitó al juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional española que adoptara las medidas oportunas para garantizar que el arrasatearra cumple las condiciones que se le impusieron para acceder a la libertad condicional, concedida debido al cáncer terminal que padece.

En atención a esta petición, el juez Castro ha librado dos despachos, uno a la Guardia Civil y otro a la Ertzaintza, para que, en el ámbito de sus competencias, garanticen el cumplimiento de las reglas de conducta impuestas en el auto de la libertad condicional para Uribetxebarria.

Estas reglas de conducta consisten en que el penado tiene prohibido acercarse a las víctimas de de aquellos delitos por los que fue condenado y a los familiares de estas; tampoco podrá participar de forma activa o pasiva en manifestaciones públicas de «enaltecimiento o legitimación de la violencia» y no podrá hacer declaraciones de esa naturaleza así como las que conlleven «desprecio o desconsideración» con las víctimas de ETA.

Además, tampoco podrá ausentarse sin previa autorización de la autoridad judicial de la localidad en la que fije su residencia.