La propuesta, presentada en rueda de prensa por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, señala que al Gobierno español le corresponde el establecimiento de las competencias mínimas que deben adquirir los alumnos, los criterios de su evaluación y las proporciones curriculares señaladas como legislación básica.

En la Ley Orgánica de Educación, vigente desde 2006, al Gobierno corresponden el 55 y 65% de los contenidos curriculares, según las comunidades.

Según Wert, la reforma precisa que las comunidades tendrán la capacidad de establecer las directrices pedagógicas, la organización de la gestión educativa y la porción de contenidos no atribuida al Estado español.

Y los centros decidirán fundamentalmente el método de enseñanza y concretarán los contenidos.

El ministro ha argumentado que se trata de una «clarificación definitiva» de las competencias respectivas de las distintas administraciones con responsabilidades educativas, tras años de «acumulación legislativa», ha señalado al referirse a las transferencias autonómicas.

Wert ha rechazado que se trate de una «recentralización» o de una homogeneización de la educación, ya que eso sería «despojar» de competencias a las comunidades, y dicho que se trata de articular nuevos instrumentos de evaluación desde el punto de vista de la «equidad territorial».