Durante la comparecencia que ha llevado a cabo ante la Comisión de las Juntas Generales de Gipuzkoa que investiga la presunta desaparición de bebés en este herrialde en las últimas décadas, Juan Calparsoro ha señalado que, aunque, por el momento «no se ha podido acreditar» la existencia de delito alguno, la línea de trabajo de la Fiscalía es la de «llegar al final» en todos los casos.

En su intervención, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la CAV ha desvelado que en Gipuzkoa la Fiscalía ha archivado 87 de los 195 procedimientos incoados, mientras que en Bizkaia han sido archivados 46 de los 74 casos abiertos, y en Araba 27 de 34.

El pasado mes de octubre, el propio Calparsoro indicó que la Fiscalía había procedido a archivar «gran parte» de las denuncias presentadas por presuntos casos de robos de bebés y adopciones irregulares ante la falta de pruebas.

Durante su exposición Calparsoro ha admitido que, a pesar de la falta de pruebas, podrían haberse producido algunas sustracciones o entregas voluntarias de bebés en adopciones irregulares en años anteriores a 1987, debido a la «insuficiencia normativa» de aquel período, si bien ha descartado la existencia de una «trama» o que estas situaciones fueran frecuentes o sistemáticas.

En cuanto a las tres exhumaciones practicadas en Gipuzkoa, ha indicado que en dos no se han encontrado restos orgánicos de recién nacido, una de ellas la practicada en el panteón de la familia Losa-Ocáriz, caso por el cual ha mostrado una especial «preocupación», pero en la tercera sí y, además, el análisis de ADN de los mismos ha sido positivo, por lo que se ha sobreseído esta causa.

Discrepancias entre forenses

Galparsoro ha destacado las «discrepancias» existentes entre los médicos forenses sobre la posibilidad de que los restos no hayan podido desaparecer, como sostienen los del Instituto Vasco de Medicina Legal, y los que apuntan que «no es descartable la posibilidad de que hubieran podido desaparecer con el paso del tiempo y las características de la tierra», como sostiene el forense Paco Etxeberria, con una «acreditación incontestable».

En este sentido, ha apuntado que se solicitó al Instituto estatal de Toxicología un informe que también corrobora que «es posible que esos restos lleguen a desaparecer totalmente», a causa de la orografía del lugar donde están enterrados, el paso del tiempo y la humedad, de manera que «tampoco hay unanimidad» sobre el hecho de por qué desaparecieron o no aparecen esos restos, lo que genera «una duda razonable» y supone «un obstáculo para avanzar» en la investigación.

«En ninguno de los procedimientos incoados en Euskadi se ha podido acreditar la existencia de delito, es decir, la sustracción del recién nacido, ni siquiera con indicios razonables», ha subrayado, entre otras cosas porque «es posible que muchas de las personas involucradas en los hechos haya fallecido» y, además, «en muchos procedimientos se ha comprobado que el bebé nació y falleció por causas naturales, o ni siquiera se ha podido probar de una manera mínimamente creíble o fiable la posibilidad de una sustracción».

El fiscal ha recordado el contexto económico, social y político de los años 60 y 70, la «falta de igualdad y derechos» que sufrían las mujeres, así como las «insuficiencias» de la regulación de la adopción hasta que en 1987 se reformó el Código Civil, lo que daba lugar a «abusos e irregularidades».

A ello ha añadido que los recursos públicos «eran escasos», de manera que la tramitación de las adopciones quedaba en manos de entidades privadas de la Iglesia Católica, como es el caso de la Casa Cuna de Fraisoro en Gipuzkoa. A su juicio, esa «insufiente» legislación y las «escasísimas garantías» existentes dieron lugar a «irregularidades».

Galparsoro ha abogado por «seguir investigándose hasta que se aclare» esta «problemática que afecta a todo el Estado» con un «modus operandi parecido» y, en este sentido, ha asegurado que la línea de la Fiscalía es «llegar hasta el final».