La autorización para operar de la central expira el próximo 6 de julio de 2013, que es el horizonte temporal con el que trabaja el Consejo de Seguridad Nuclear.

En esa fecha, el CSN deberá emitir un informe de cese de explotación de la planta y Nuclenor deberá comunicar las actividades que llevará a cabo para el fin de sus actividades.

A continuación, el organismo regulador deberá conceder otro permiso para que la nuclear pueda seguir almacenando uranio ya que no funciona como tal.

El proceso de parada programada de Garoña, que paró exactamente a las 22.57 de ayer, se ha desarrollado con normalidad y en tres o cuatro días podrá proceder a la extracción del uranio del reactor (periodo mínimo necesario debido a las altas dosis de radiación del reactor).

En teoría, Garoña podría volver a «enchufarse» a la red eléctrica cuando quisiera y no anticipar su cierre en seis meses, pero en la práctica no es una operación tan sencilla.

El Consejo de Administración de Nuclenor ha explicado que Garoña no es viable si se impone la tasa que tramita el Parlamento y que supondría el pago anual de 153 millones de euros, por lo que ha optado por el cierre.

Pulso con el Gobierno español

Por otro lado, la organización Ecologistas en Acción aseguró ayer que Nuclenor, la empresa propietaria de Garoña, «sacrifica» la central nuclear para luchar contra la reforma fiscal impulsada por el Gobierno y ante el temor a una posible avería que conlleve una parada larga e impida amortizar inversiones.

En un comunicado, Ecologistas en Acción indicó que Nuclenor ha decidido parar el reactor de Garoña en lo que supone el cierre programado como «escenificación máxima del pulso que la industria nuclear está echando al Gobierno del PP para intentar que no se apliquen los nuevo impuestos al combustible gastado».