NAIZ.INFO
BRUSELAS

Bruselas pide a Madrid que retrase más la edad de jubilación

La Comisión Europea ha pedido al Gobierno español que siga retrasando la edad de jubilación en función del aumento de la esperanza de vida para frenar el gasto en pensiones.

La Comisión Europea ha hecho público su informe anual sobre sostenibilidad fiscal en la Unión Europea, en el que señala que la reforma de las pensiones aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2011, que retrasa la edad de jubilación a los 67 años, ha tenido «un impacto positivo visible», aunque advierte de que el gasto en pensiones seguirá por encima de la media comunitaria hasta 2060, incluso teniendo en cuenta los efectos de esa reforma.

«Como consecuencia, se observan riesgos a la sostenibilidad del sistema de pensiones en España a medio y largo plazo», resalta el Ejecutivo comunitario.

Bruselas afirma que el Estado español «debería garantizar que el factor de sostenibilidad del sistema de pensiones incluya un vínculo claro de la edad de jubilación con cambios en la esperanza de vida de forma que el gasto en pensiones pueda frenarse a largo plazo».

Entre 2010 y 2060, el gasto en pensiones aumentará en el Estado en 3,6 puntos del PIB, por encima de la media comunitaria de 1,4 puntos. La Comisión Europea insiste por ello en que «se necesita contener más el aumento del gasto relacionado con el envejecimiento de la población para contribuir a la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo».

«Estrés presupuestario»

Bruselas avisa de que, a corto y medio plazo, el Estado español está «en riesgo de estrés presupuestario» y reclama seguir aplicando los recortes aprobados por el Gobierno del PP para corregir la situación.

«España parece enfrentarse a un riesgo de estrés presupuestario a corto plazo, proveniente principalmente de la parte fiscal de la economía, pero en parte también de la parte macrofinanciera y de competitividad», afirma el informe.

Para hacer frente a esa situación, le reclama a medio plazo políticas que permitan un ajuste estructural permanente de 4,8 puntos del PIB con el fin de garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas, un esfuerzo muy superior a la media exigida a la UE, de 2,7 puntos.