La vicepresidenta y portavoz del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, ha informado de que el Consejo de Ministros ha acordado impugnar la Declaración de Soberanía aprobada por el Parlament catalán el pasado 23 de enero al entender que su contenido «no solo no es compatible» con la Constitución sino que «produce efectos», al plantear el inicio de un proceso «para el que mandata a poderes públicos y ciudadanos».

Sáenz de Santamaría ha aclarado que el Ejecutivo del PP ha adoptado esa decisión tras escuchar a la Abogacía del Estado y al Consejo de Estado, que han avalado la impugnación. Ha precisado también que no se trata de un recurso de inconstitucionalidad ni de un conflicto de competencias, sino que se emplea la «tercera vía» que ofrece la Constitución, la de impugnar el acuerdo del Parlament. Ha advertido de que «todos» deben «estar en el principio de respeto a la legalidad».

Ha defendido que el Estado tiene la «obligación de cumplir y hacer cumplir» las leyes y la Constitución y que acude a los tribunales como lo hacen las comunidades autonómicas cuando «se ven compelidas» a defender sus competencias o impugnar decisiones del Estado que consideran que les afectan.

La portavoz del Ejecutivo español ha dicho que espera que el Govern catalán «entienda» que el Gobierno ha actuado de esta manera en «su obligación de cumplir y hacer cumplir las reglas del juego».

«Cuando el Gobierno utiliza los instrumentos de la Constitución no significa que no haya voluntad de diálogo», ha afirmado, para asegurar que existe la «máxima voluntad de diálogo» con la Generalitat, con la que aspira a trabajar «conjuntamente».

Preguntada sobre si hay fecha para la reunión entre Mariano Rajoy y Artur Mas para tratar de este y otros asuntos, ha respondido que todavía no está cerrada, aunque existe «un gran interés» en que se celebre para «poder hablar de muchas preocupaciones que son comunes a todos».

Mas: «Fuera de lugar»

Previamente a conocerse esta decisión, Mas ha calificado de «completamente fuera de lugar» la posibilidad de que el Ejecutivo del PP optase por recurrir al Constitucional.

«No sé qué es lo que harán, pero todo apunta a que el Gobierno aprobará un recurso de una declaración que no es una ley, no es una decisión en firme, solo es una declaración», ha avanzado.