La jornada laboral de los funcionarios de la CAV pasará de las 1.592 horas anuales actuales a 1.614,5, según un decreto aprobado este martes, medida que rechazan todos los sindicatos.

Esta decisión fue adoptada por el Ejecutivo de Iñigo Urkullu después de que la semana pasada fracasara la negociación con los sindicatos ELA, LAB, CCOO y UGT en la Mesa de la Función Pública.

Además de poner fin a las 35 horas semanales, el Gobierno autonómico modificará los complementos por incapacidad temporal de los funcionarios, ya que entre el primer y tercer día de baja cobrarán la mitad, entre el cuarto y el vigésimo día el 75%, y a partir del día 21 la retribución completa.

Además, para conciliar la vida laboral y familiar se creará un nuevo permiso retribuido de hasta 8 horas anuales para el acompañamiento de menores de hasta 12 años.

También habrá una nueva regulación para permitir a los empleados públicos cuidar a los hijos menores con enfermedades graves.

«Efectos colaterales»

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, ha afirmado que el decreto que aumenta la jornada laboral del personal de la Administración pública tendrá «efectos colaterales» en las contrataciones de eventuales en áreas con trabajo a turnos, principalmente en Osakidetza aunque también afectará en menor medida al Departamento de Interior.

Ha explicado que los huecos que cubren estos trabajadores serán ocupados ahora por el personal fijo de la Administración que deberá trabajar 22 horas y media más al año, por lo que desaparecerán contrataciones que hasta la fecha sí se hacían, y algunos interinos y temporales «podrán salir del ciclo de reincorporación» al trabajo.

En todo caso, Erkoreka ha enfatizado que el decreto, que el Gobierno autonómico ha aprobado por «responsabilidad», «ni amortiza plazas, ni plantea una reducción de las plantillas» y ha recalcado su «compromiso» con el mantenimiento del empleo público.

En el caso de los departamentos cuyo trabajo no se organiza a turnos, ha asegurado, el impacto del decreto es «nulo» a efectos de pérdida de contrataciones y en el caso concreto de Educación la incidencia será «muy limitada» porque «los parámetros que definen el marco horario son muy diferentes»

El portavoz ha explicado que el decreto aprobado por el Gobierno establece «un marco general» para los 70.000 empleados de la Administración pública y que ahora deberán ser las diferentes mesas sectoriales las que concreten cómo aplican la norma. Solo a partir de entonces, ha apuntado Erkoreka, se podrá cuantificar el número de trabajadores eventuales e interinos perjudicados por el decreto.

Protestas sindicales

En señal de protesta por la aprobación del citado decreto, los sindicatos ELA y LAB se han concentrado por separado frente a Lehendakaritza

En una rueda de prensa celebrada en Bilbo, la secretaria general de  LAB, Ainhoa Etxaide, se ha referido a la decisión unilateral de Lakua y ha considerado que con esta medida «ha optado por la destrucción de empleo en el sector público».

Etxaide ha considerado que «alargar por decreto la jornada laboral es el peor ataque que se puede hacer a todos los desempleados» y supone «abrir las puertas» a que en el sector privado se tomen medidas similares.

Según la secretaria general de LAB, el Gobierno de Lakua no puede decir que está preocupado por los niveles de desempleo y al mismo tiempo tomar medidas como esta, que «destruye empleo».

Además, según Etxaide, con esta medida el gabinete de Urkullu «ha dinamitado» el «último gran acuerdo laboral que quedaba vivo».