Stop Desahucios Gipuzkoa y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Bizkaia presentaron sendos recursos ante el TSJPV ante el límite de 300 metros que estableció la Ertzaintza en los protestas que iban a celebrar en las inmediaciones de los domicilios de los diputados del PP José Ignacio Azpiroz y Leopoldo Barreda.

En la resolución hecha pública hoy el alto tribunal vasco indica en ambos casos entraban en «colisión derechos e intereses constitucionalmente relevantes» pero sostiene que la celebración de una concentración ante un domicilio particular constituye una «perturbación desproporcionada del derecho a la intimidad personal y familiar». Por ello, cree que la decisión administrativa de la Ertzaintza está «razonada, fundada y proporcionada».

Sin embargo, los jueces han opinado que la Ertzaintza «se ha extralimitado» al introducir en esa resolución un párrafo en el que «trata de prefigurar en qué términos podrían comunicarse nuevas alternativas o propuestas de concentración, como su celebración a más de 300 metros del domicilio».

Han matizado también que la Policía autonómica no debía haber usado la expresión «ninguna concentración» futura ya que su control se limita a los actos que se han comunicado y no los que pudieran convocar más adelante.

El TSJPV ha destacado que los lugares escogidos para los escraches no son «indiferentes» y ha considerado que «no es necesaria» esa concentración ante un domicilio para comunicar un mensaje a un representante político, ya que este «se puede transmitir desde otros lugares o a través de los medios de comunicación».

La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Begoña Barrutia, ha valorado que ambas sentencias «dejan abierta la posibilidad de convocar» otro escrache, pero no fija claramente la distancia que sería conveniente para que sus protestas no se vulneren el derecho a la intimidad de los políticos.

«Lo que se instrumentaliza como elemento de presión es la injerencia en la vida privada y personal del representante político», indica.

Las plataformas contra los desahucios tienen ahora veinte días para interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.