La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, ha llegado al Tribunal de Justicia de París con más de media hora de antelación sobre su convocatoria, institución especializada en juzgar a personas aforadas, como los ministros, por hechos relativos al ejercicio de sus funciones.

Su declaración podría prolongarse hasta mañana, y cuando termine se sabrá si sale sin cargos o si es acusada de complicidad en falsificación y de malversación de fondos públicos por el controvertido procedimiento de arbitraje que eligió para poner fin al contencioso entre el Estado francés y el empresario Bernard Tapie.

Esa decisión, tomada en 2007 cuando era ministra de Finanzas, se resolvió con una indemnización de 403 millones de euros al empresario, conocido por su amistad con el expresidente Nicolas Sarkozy.

Los jueces pretenden aclarar si la decisión se tomó contra los intereses del Estado francés, si estuvo influida por Sarkozy para hacerlo así, o si estaba al corriente de las sospechas de parcialidad de alguno de los árbitros que intervinieron.

Ante una posible imputación, las autoridades francesas ya han reaccionado por anticipado. Por una parte, el actual ministro de Finanzas, Pierre Mosovici, ha reiterado su confianza en Lagarde como directora del FMI.

Por otra, la portavoz del Gobierno, najat vallaud Belkacem, aunque ha señalado que corresponde al FMI fijar las reglas sobre si podría seguir en el cargo pese a estar acusada por la justicia, ha precisado que en su Ejecutivo no sería posible.