La debilidad del Ejecutivo de Nafarroa, que gobierna en minoría con un Parlamento en el que solo controla 19 diputados de un total de 50, permite a la oposición –cuando al PSN le viene en gana– marcar de cerca las políticas del Ejecutivo. Es lo que está pasando con este segundo plan de reestructuración de las empresas públicas navarras y la propuesta de ley presentada por toda la oposición a excepción del PP.

El pasado 26 de junio, los grupos del PSN, Bildu, Aralar, I-E y Geroa Bai registraron una proposición de ley con el objetivo de paralizar los despidos en las empresas públicas y someter la gestión de la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN) a un mayor control parlamentario. Cinco días después, el 1 de julio, la Mesa y la Junta de Portavoces aceptaron a trámite la proposición de ley por vía de urgencia. Ahora es el Gobierno quien debe elaborar un informe, que el Parlamento ha pedido que sea «en un plazo de tiempo reducido».

La oposición espera, por lo tanto, que el informe llegue en los próximos días. De hecho, en el Parlamento aprobaron declarar hábil el mes de julio, para que tan pronto como el informe del Gobierno sea público se pueda convocar un pleno para debatir, votar y, probablemente, aprobar la ley.

Retroactividad contemplada

Concretamente, la nueva norma implicaría un cambio en la ley que ampara la creación de la CPEN, organismo que perdería autonomía, ya que se le obligaría a aprobar en el Parlamento las operaciones de transmisión o enajenación de las participaciones en sociedades públicas; la fusión, escisión, transformación, disolución, liquidación y cualquier otra operación de reestructuración de esas empresas; así como la presentación de cualquier ERE o plan de reestructuración de las plantillas.

Además, uno de los puntos claves de la ley es la inclusión de una disposición transitoria, según la cual la norma será retroactiva, de manera que la autorización del hemiciclo sería obligatoria para cualquier tipo de operación de estas características aplicada después del 1 de enero de 2013. Esto significa que, de aprobarse la ley, afectaría al segundo plan de reestructuración presentado por el CPEN, todas cuyas medidas –algunas ya en marcha– deberían pasar por el filtro del Parlamento.

Una retroactividad que UPN ha calificado de «despropósito jurídico», pero con la cual la oposición confía en paralizar la reestructuración y las decenas de despidos previstos en ella. La CPEN, por su parte, apenás ha fijado una posición sobre la proposición de ley de la oposición, pero la inquietud en las direcciones de las empresas públicas resulta evidente, como lo demuestran los correos que algunas gerencias están enviando a sus trabajadores, en los que se advierte de que si no se llega a un acuerdo entre empresa y comité, el resultado será mucho peor para los trabajadores.