Para Amaiur, los casos de Gorostiaga y Aginako «son evidencias de la cruel política de venganza que el PP desarrolla contra los y las presas y sus allegados. Una vez más ha quedado patente cuál es el suelo ético de algunos. Es el Estado, a fecha de hoy, quien sigue vulnerando los derechos humanos en el tratamiento penitenciario y quebrando los principios de un estado de derecho».

En una nota, el grupo parlamentario en el Congreso de Madrid ha recordado que el exacalde de Laudio tenía permiso desde el pasado jueves para visitar a su mujer, pero que en en estos cinco días Instituciones Penitenciarias no ha sido capaz de trasladarlo desde la prisión de Herrera de La Mancha (Ciudad Real) hasta su pueblo. «Este hecho nos sitúa de nuevo en la realidad de hoy, es decir, en la cruel e inhumana realidad del trato diferencial para con los presos y presas vascas».

Amaiur resalta que lo sucedido en este caso «no es casual», sino que se trata de «una decisión política» para aplicar a un prisionero «un tratamiento especialmente inhumano», del mismo modo que «tampoco es casual ni fortuito el accidente de tráfico sufrido por allegados del preso Asier Aginako».