Al término de la última sesión del juicio celebrado en la sección sexta de la Audiencia Provincial de Bizkaia y que ha quedado visto para sentencia, el empresario Jabyer Fernández ha afirmado que han «roto desde dentro» a su grupo porque, al final, «no han sido capaces de reconducir situaciones que ellos mismos han provocado».

«Por mi parte, he intentado con Iñigo Urkullu, con Andoni Ortuzar, Joseba Aurrekoetxea, con José Luis Bilbao (todos ellos del PNV) y con todos los órganos de poder de este país sacar adelante este grupo en el que trabajaban 3.000 personas y no me lo han permitido», ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación.

En el juicio, también se ha sentado en banquillo su hermana Susana Fernández e inicialmente estaba imputado el exasesor de Fernández, Fernando García Macua, que será absuelto al ser acusado únicamente por dos accionistas de Iurbenor.

El Ministerio Público y la acusación de los socios de Iurbentia mantienen la petición de seis años para Jabyer Fernández por un presunto delito de insolvencia punible y cuatro para su hermana, Susana.

Sin embargo, en el caso de que se entienda que a Susana Fernández se le debe condenar no por insolvencia punible, sino por alzamiento de bienes, el fiscal solicita que se rebaje de cuatro a un año la condena. Además, ha planteado que, «si la Sala considera muy elevada la pena propuesta por insolvencia punible, se aplique el artículo 65.3 del Código Penal para rebajarla un grado».

Por su parte, la Diputación de Bizkaia ha mantenido la petición de diez años para Jabyer Fernández, seis por insolvencia punible y cuatro por delito de fraude a la Hacienda. La petición para su hermana es de cuatro años. Las defensas, tanto de Jabyer Fernández como de Susana Fernández, han solicitado su libre absolución.

Iurbenor era la promotora inmobiliaria impulsada por Iurbentia y Fonorte (ambas sociedades del Grupo Afer) para el desarrollo del proyecto urbanístico Puerta Bilbao, asentado sobre los antiguos terrenos de Sefanitro en Barakaldo, en los que se pretendía levantar 2.000 viviendas. La operación no llegó a buen puerto y en enero de 2009  Iurbenor se vio obligada a vender su participación en estos terrenos a La Caixa y BBK por 359,6 millones de euros. De ese montante, 297 millones fueron retenidos por los compradores para cancelar las hipotecas asumidas con las entidades bancarias, lo que dejó un remanente de 64 millones.

La venta de los terrenos generó un IVA cifrado en 43 millones por la Diputación foral, cuyo aplazamiento de pago solicitó Jabyer Fernández y que le fue denegado por parte de la institución foral. La fiscalía responsabiliza a Fernández de haber llevado a la quiebra a Iurbenor al haber dirigido el dinero obtenido a otras empresas del grupo Afer.