Lokarri ha enviado una carta a los responsables del Gobierno de Madrid y a la Audiencia Nacional en la que reclama que Herrira «pueda volver a desarrollar su actividad sin persecución».
La carta ha sido suscrita por 3.000 personas y critica la operación policial porque «devuelve a la sociedad vasca a un pasado de ilegalizaciones y exclusiones que creían superado». Añade que la actividad de Herrira «no puede ser considerada delictiva en ningún caso».
También critica que durante los dos años transcurridos desde que ETA anunciara el cese de actividad armada el Gobierno español «no ha ayudado a la sociedad vasca» en el «reto» de consolidar la paz.
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