El presidente del TVCP, Jose Ignacio Martínez, ha comparecido ante la Comisión de Medio Ambiente y Política Territorial del Parlamento de Gasteiz, a petición del parlamentario de EH Bildu Oskar Matute, para informar sobre las «deficiencias» que el tribunal señala en el Informe de Fiscalización de las cuentas de la Administración de la CAV relativas a 2011 durante el Gobierno de Patxi López, que hacen referencia a los contratos del Tren de Alta Velocidad (TAV) de ese ejercicio.

El informe asegura que los once contratos adjudicados en años anteriores al 2011 pero ejecutados durante ese ejercicio no presentan ninguna irregularidad, mientras que en el análisis de expedientes realizado a través de un muestreo o por la importancia del volumen de adjudicación, detectaron «deficiencias» en los cuatro contratos del TAV que se adjudicaron en 2011. «Se trata de deficiencias o áreas de mejora en la gestión de expedientes administrativos», ha precisado.

En este sentido, ha destacado que en los expedientes no hay «errores formales» que permitan sospechar que otra decisión hubiese sido más ventajosa para el sector público, aunque espera en los contratos de 2012 se hayan «subsanado» los aspectos señalados.

Según ha explicado, en los cuatro contratos de adjudicaciones -tramo Bergara-Bergara; tramo Antzuola-Ezkio/Itsaso; tramo Ezkio/Itsaso-Ezkio/Itsaso; y tramo Hernani-Astigarraga- los pliegos de contratación incluyen unos criterios de adjudicación en los que existe una «excesiva ponderación de juicios de valor» a la hora de elegir las empresas contratadas, ya que «no permite identificar la oferta más ventajosa».

Por ello, recomienda a la Mesa de Contratación que elimine esta «deficiencia» en el futuro y cree que se debería desgranar los criterios de los técnicos en subcriterios e indicar la puntuación otorgada en cada uno de ellos a las diferentes ofertas. «Esta deficiencia no tiene la fuerza suficiente para alterar el efecto de la adjudicación porque están suficientemente garantizados los criterios fundamentales de publicidad y concurrencia», ha defendido.

Documentación

Asimismo, ha destacado que en la adjudicación de los cuatro expedientes el informe que resume la evaluación de la oferta «no está suficientemente soportado» en la documentación que se adjunta. «Debería ir acompañado de la documentación que, de manera desagregada, soporta sus conclusiones», ha señalado.

Por otro lado, el Tribunal de Cuentas Públicas de la CAV destaca que las obras comenzaron en los cuatro tramos analizados antes de que se aprobara el plan de seguridad y salud. «No se ha actuado con le grado de eficacia deseable por parte de los órganos correspondientes», ha indicado.

Churiaque ha explicado también que en dos de las adjudicaciones los abonos a cuenta para que el contratista comenzara la obra se realizaron ante de que el órgano competente firmara la autorización previa.

Por último, tras recordar que el tribunal no tiene capacidad sancionadora, ha expresado su preocupación por la «continua repetición de errores administrativos» y ha exigido que se proceda a su «eliminación rápida, aunque parece ser que no contamos con el apoyo suficiente en los entes fiscalizados ni en las resoluciones del Parlamento para exigir la modificación de las conductas que nos parece que deben de eliminarse».

«Se produce un efecto desolador para el ciudadano porque siempre el tribunal señala los mismos defectos para los entes y estos no son corregidos, no solo las deficiencias administrativas sino también aquellas que, en nuestra opinión, alcanzan la naturaleza de auténticos incumplimientos de la legalidad vigente», ha concluido.

«Año tras año»

Tras escuchar las explicaciones del presidente del TVCP, el parlamentario de EH Bildu Oskar Matute ha afirmado que el tribunal «ha constatado que las irregularidades se repiten año tras año». «Ante esta grave situación, el Gobierno Vasco sigue priorizando la celeridad y las prisas por construir, que la salud de los obreros y la seguridad en las obras», ha denunciado Matute.
 
«El TVCP ha reconocido que las irregularidades se vienen repitiendo de forma sistemática, sin que el Gobierno haga nada para subsanarlas», ha criticado el parlamentario.

Matute ha recordado que las dos irregularidades más destacables son, por un lado, el peso de la subjetividad o los juicios de valor –el 80%– a la hora de adjudicar las obras, lo cual, «permite que el gobierno adjudique las obras a quien estime oportuno».