El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha embargado la mitad indivisa del palacio de Pedralbes, propiedad al 50% de Cristina Borbón e Iñaki Urdangarin, después de que el Duque de Palma no hiciese frente en su día a la fianza de responsabilidad civil que le impuso el magistrado de forma conjunta y solidaria con su exsocio Diego Torres.

El magistrado ha dictado un auto mediante el que embarga no solo la mitad del inmueble de Barcelona, sino también parte de otras viviendas que se encuentran a nombre de Urdangarin y que este ofreció al Juzgado de Instrucción número 3 con el objetivo de cubrir, junto a los bienes correspondientes a Torres, la caución reclamada por el juez, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 597 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

De esta manera, ordena el embargo de viviendas, trasteros y garajes en Terrassa y Palma de Mallorca propiedad de Aizoon, la empresa de la que son titulares Urdangarin y la hija del rey español.

El juez también embarga una vivienda en San Cugat del Vallés a nombre de Torres, su esposa, Ana María Tejeiro, y otros inmuebles en Mataró, Mahón y Palma, que pertenecen a empresas de Torres.

En su auto recuerda que en enero de este año impuso a los dos socios en el Instituto Nóos una fianza con carácter solidario de 8,1 millones de euros que posteriormente la Audiencia Provincial de Palma rebajó a 6,1 millones, para responder a las posibles responsabilidades civiles que se derivasen de los presuntos delitos cometidos.

Castro entiende que ya ha «transcurrido con notorio exceso el plazo concedido sin que se haya presentado la fianza exigida», por lo que procede ordenar los embargos.

Citados Camps y Barberá como testigos

En el marco de esta investigación, el juez Castro ha citado a declarar en calidad de testigos, el próximo 16 de noviembre, al expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

Ambos deberán aclarar su participación en las negociaciones previas a la firma del convenio y las dos addendas de los Valencia Summit por los que el Instituto Nóos percibió alrededor de 3,6 millones de euros públicos; así como en relación al convenio firmado por 382.203 euros para que la ciudad de Valencia fuera sede de unos Juegos Europeos que nunca llegarían a celebrarse.