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Bruselas

Juristas europeos advierten de que el Estado español «viola una y otra vez» los convenios internacionales

AED y ELDH, las dos grandes asociaciones de juristas europeos, han presentado una moción conjunta a través de la que muestra su preocupación sobre algunos hechos ocurridos en Euskal Herria, como la operación contra Herrira, la dispersión o los dos macrojuicios contra 76 ciudadanos vascos en la Audiencia Nacional. Reclaman la abolición de los tribunales de excepción y que se ponga fin a la persecución de «actividades legítimas».

AED y ELDH, las dos grandes asociaciones de juristas europeos, con representantes en prácticamente todos los países y de las que es parte la Asociación de Abogados y Abogadas de Euskal Herria Eskubideak, acaban de hacer pública una moción conjunta, en la que muestran su preocupación con diversos asuntos que de la actualidad política vasca.

Ambas asociaciones recuerdan el informe publicado por el Alto Comisionado del Consejo de Europa, hecho público recientemente, en el que se recogen los numerosos informes internacionales publicados en los que se insiste en denunciar que «el Estado español no respeta los compromisos adquiridos a nivel internacional, violando una y otra vez derechos reconocidos en diversos convenios y tratados».

En una extensa declaración, titulada «Moción sobre la situación de los abogados y defensores de derechos humanos en el País Vasco», son varias las cuestiones que se recogen y se denuncian.

En primer término, la moción, que ha sido difundida por Behatokia, piden que las autoridades españolas «pongan fin a la persecución de la actividad legítima y legal del movimiento Herrira», la «inmediata puesta en libertad» de los presos afectados por la denominada ‘doctrina Parot’ y el fin de las políticas de dispersión.

Asimismo, denuncian la detención de Oscar Sánchez, miembro de Behatokia, y la violación del secreto profesional que debe amparar a los abogados, al ser copiados todos sus archivos.

También lanza una crítica a los macrojuicios que se están celebrando en la Audiencia Nacional española contra 76 ciudadanos vascos y solicita que ambos procedimientos queden archivados.

Las asociaciones rechazan el «concepto arbitrario de extensión inadmisible del término terrorismo» que «posibilita la persecución de actividades públicas y democráticas acordes con el disfrute de la libertad de expresión y de la libertad de actividad política». Solicitan, asimismo, la abolición de tribunales de excepción, tales como la Audiencia Nacional.