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IRUÑEA

Jornada de movilizaciones en solidaridad con los «tartalaris»

A convocatoria del movimiento de desobediencia al Tren de Alta Velocidad Mugitu! ha llevado a cabo diversas concentraciones y acciones de protesta contra esta infraestructura y en solidaridad por las personas procesadas por lanzar tartazos a la presidenta navarra Yolanda Barcina.

Miembros de Mugitu! han paralizado las obras del TAV en el tramo Castejón-Cadreita. (Jagoba MANTEROLA/ARGAZKI PRESS)
Miembros de Mugitu! han paralizado las obras del TAV en el tramo Castejón-Cadreita. (Jagoba MANTEROLA/ARGAZKI PRESS)

Mugitu! ha celebrado este martes concentraciones en Bilbo –apoyada por sindicatos y agentes sociales–, Donostia y Azpeitia para expresar su solidaridad a las personas procesadas por lanzar tartazos a Yolanda Barcina con el fin de protestar contra el TAV.

También han interrumpido las obras de esta infraestructura en el tramo Castejón-Cadreita.

A lo largo de esta tarde, asimismo, hay convocadas diversas acciones y movilizaciones con el mismo fin en lugares como Basauri, Barañain, Lezo, Irun o Bergara.

Fuera de las fronteras de Euskal Herria, también hay convocadas iniciativas contra el juicio a los «tartalaris» en Zaragoza, Mérida, Asturias y Santander, así como en Italia o Stuttgart.

El colofón a esta campaña tendrá lugar este sábado con una manifestación que se celebrará en Iruñea, que saldrá a las 17.00 desde Antoniutti.

El juicio contra los «tartalaris» arrancará el próximo lunes, 18 de noviembre, en la Audiencia Nacional.

Los hechos ocurrieron el 27 de octubre de 2011, fecha en la que la Comunidad de Trabajo de los Pirineos se reunió en Toulouse (Occitania) para designar a la jefa del Ejecutivo de Iruñea, Yolanda Barcina, presidenta de este organismo para los próximos años.

Al citado acto accedieron varios miembros de Mugitu, tres de los cuales lanzaron sendas tartas contra Barcina, unos hechos que van a ser juzgados en la Audiencia Nacional española –a pesar de haberse producido dentro de las fronteras del Estado francés– por un presunto delito de «atentado a la autoridad», penado con entre cuatro y seis años de cárcel.

Para uno de ellos, Gorka Ovejero, teniente de alcalde de Arruazu, la petición de pena podría alcanzar los 10 años si se le aplica una agravante por su condición de autoridad. Junto a él están imputados por estos hechos Julio Villanueva, Ibon García y Mikel Álvarez.