Hernando, que sufría una grave enfermedad, fue elegido magistrado del Constitucional en 2010 –tomó posesión en enero de 2011–, tras haber sido entre 2001 y 2008 presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El magistrado tuvo una participación máxima en los procesos de ilegalización en Euskal Herria. Entre otros, presidió el tribunal que condenó a toda la Mesa Nacional de HB en 1997, antes incluso de la Ley de Partidos.
En 2003 era presidente del Tribunal Supremo cuando fueron ilegalizadas Batasuna, Euskal Herritarrok y Herri Batasuna. Y desde la Presidencia del CGPJ informó favorablemente sobre la Ley de Partidos.
En 2006 ordenó la entrada de las FSE en las «herriko tabernas» para buscar «pruebas» para sostener la supuesta relación entre Batasuna y ETA.
En 2007 anunció que «alguien iba a ser detenido», días antes de que la Ertzaintza arrestara a 18 miembros del movimiento juvenil vasco el 4 de febrero en el Frontón de La Esperanza de Bilbo.
Hernando fue nombrado magistrado del Tribunal Constitucional en diciembre de 2010, a propuesta del Senado, junto a Adela Asúa, Luis Ignacio Ortega y Francisco Pérez de los Cobos.