Representantes de LAB, STEE-EILAS, CCOO y ELA primero, y de las asociaciones de padres y madres Sortzen y Herrikoa, después, han comparecido ante la comisión de Educación del Parlamento de Nafarroa, a petición de Bildu, Aralar-NaBa e Izquierda-Ezkerra para valorar la investigación de la Guardia Civil sobre las tendencias ideológicas y políticas del profesorado del modelo D, recogidas en un informe filtrado por varios medios españoles.

Todos han insistido en su desconocimiento del citado informe de la Guardia Civil, un desconocimiento que también han señalado los portavoces parlamentarios, incluido el de UPN.

Los sindicatos han criticado el hecho de que se investigue a los docentes, a su entender con la pretensión de criminalizar la enseñanza en euskara, y han solicitado un informe jurídico sobre la citada investigación y otro sobre la grabación realizada por un medio de comunicación ultraderechista en el Instituto Iturrama de Iruñea, con imágenes no autorizadas de menores.

El representante de Sortzen, Garikoitz Torregrosa, ha mostrado su esperanza en que el Departamento de Educación emprenda las acciones judiciales pertinentes, mientras que Santiago Álvarez, de Herrikoa, ha exigido «que se respete el derecho a la imagen de nuestros hijos».

Los comparecientes han criticado la postura del Gobierno de UPN, responsable de la Educación durante los últimos años, así como la del diputado Carlos Salvador por sus declaraciones, y han mostrado su impresión de que la polémica ha sido una «cortina de humo» para ocultar otras decisiones como la LOMCE, cuya no aplicación en Nafarroa han pedido ante los buenos resultados constatados en el informe PISA.

Gorka Bueno (LAB) ha censurado que mientras informes internacionales destacan su «labor excelente», UPN y PP «se dedican a criminalizar y desprestigiar»a los docentes navarros, al tiempo que ha denunciado «que se espíe a las personas por lo que piensan».

Amaia Zubieta (STEE-EILAS), tras señalar que en los siete años que lleva en la comisión de personal «nunca se ha hablado de adoctrinamiento», ha pedido un respaldo «explícito» al modelo D, una campaña «para restituir el buen nombre» de los centros afectados y la emisión de sendos informes jurídicos sobre la legalidad de investigar a las personas sin causas pendientes y sobre la grabación sin permiso a alumnos. También ha pedido que, en su caso, el Gobierno se persone en una posible querella.

Desde CCOO, Maite Rocafort ha denunciado la «utilización interesada» del informe para «atacar» al modelo de inmersión en euskara de forma generalizada, mientras que Ander Pascual, de ELA, ha calificado el asunto de «operación de acoso y derribo al euskara» y ha pedido que se depuren responsabilidades por las que ha denominado «listas negras» del profesorado.