El Gobierno español soluciona los problemas financieros de la banca española mediante decretos e inyecciones económicas, que niega a la población más necesitada. Hace unos días autorizó una nueva ayuda pública a los bancos españoles, escondida en un real decreto por valor de 30.000 millones.

Con esta decisión, el Estado español se compromete a respaldar con dinero público la mitad de los activos fiscales diferidos que tienen los bancos en su propiedad y que, según las exigencias de solvencia de Basilea III, no podrían computarse de esa manera y deberían de reponerse por activos reales. La troika insistió en junio para que no se mantuviera esa situación irregular en 2014.

El caso afecta de forma directa a Kutxabank con alrededor de 2.000 millones conflictivos a junio y a BBVA, con en torno a los 7.000 millones, que son los dos bancos con sede en Bilbo. Estos son datos del año pasado, aunque en el primer semestre de este año han aumentado el conjunto de activos fiscales diferidos, que en Kutxabank pueden corresponder al 40% del patrimonio, según algunos estudios, aunque el banco mantiene en silencio esta situación.

Hasta la fecha han contado como parte del capital de máxima calidad de los bancos, pero las normas internacionales exigen que dejen de contabilizarse así a partir de 2014. Los bancos y el Gobierno español pactaron la fórmula que podría servir para diluir esos activos sin poner en peligro la solvencia de las entidades ni acarrear un nuevo aumento del déficit y deuda pública española. Así el 29 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto por el que el Gobierno español, según explica, por la vía de urgencia permitirá que unos 30.000 millones se conviertan en créditos fiscales que, al contar con el aval del Estado, pueden seguir dentro del core capital, del capital más solvente. Este nuevo apoyo, sin embargo, tendrá un coste para la deuda pública que, aunque el ministro español de Economía, Luis de Guindos, que trató de eludirlo, acabó admitiendo que «no será relevante».

En el Estado español, los activos fiscales diferidos se utilizan para provisiones genéricas, como fondo que las entidades financieras reservan para cubrir futuras pérdidas en su cartera crediticia, impagos de hipotecas y préstamos de morosos. También están ligados a los fondos de pensiones de sus plantillas, «que se generan en el momento en el que los bancos guardan» la financiación que abonarán a sus empleados cuando lleguen a la edad de jubilación». Otra vía son los fondos de comercio, es decir, la diferencia que aparece entre el valor en libros de un activo y lo que se obtiene por él en una operación de compraventa.

Un ejemplo de cómo se utilizan

De los 70.000 millones en activos fiscales diferidos en la banca, en torno a 51.000 millones se generaron en el Estado español, según reconoció el ministro español De Guindos.

Un ejemplo claro apareció estos días en «gurusblog», que recordó que estos activos han supuesto «una fuente artificial de beneficios de los bancos». Explica con un caso real de Caixabank que «en el primer semestre de 2013 obtuvo un beneficio antes de impuestos de 190 millones. En teoría, tendría que haber tributado por el 30% del Impuesto de Sociedades de ese beneficio, es decir tendría que haber apuntado una pérdida de 57 millones y anotarse un beneficio final de unos 133 millones».

Sin embargo, como añade «en el Impuesto de Sociedades arroja un impacto positivo de 144 millones, en lugar de esas pérdidas, y acaba contabilizándose un beneficio neto de 334 millones, sin haber pagado un euro a las arcas del Tesoro Público».

La razón se encuentra que los más de 6.279 millones que Caixabannk tiene anotados como activos fiscales en sus cuentas le han permitido realizar «esos descuentos» y «obtener mejoras con la magia contable».