Los empleados de Ambulancias Bizkaia han exhibido sendas pancartas en las que se reclamaba la readmisión de Carlos Díaz, delegado de LAB despedido, y el fin de la precarización de las condiciones laborales en el sector.

Por su parte, los trabajadores de Incoesa, que llevan más de seis meses de huelga indefinida, rechazan la deslocalización de la planta de Bedia a Cáceres o Soria y han pedido que el Gobierno de Gasteiz y también la Diputación de Bizkaia intercedan porque «han entregado enormes cantidades de ayudas a la empresa de transformadores y ahora se van».

Al término de la comparecencia ante la Comisión de Seguimiento del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad, el sindicalista Carlos Díaz ha explicado que «hemos escuchado mensajes positivos y nos han atendido», pero que «son necesarias otras actuaciones».

Respecto a Incoesa, la plantilla ha exigido que se le obligue a devolver el dinero recibido de las instituciones vascas «en caso de que la empresa no cambie su intención de deslocalizar la planta de Bedia». En opinión de los trabajadores, «además de haber entregado esa cantidad de dinero –unos 2 millones de euros– y omitir a los trabajadores las explicaciones oportunas», el Gobierno autonómico «parece dar facilidades al cierre de Incoesa, tal como demuestra el último informe emitido por la Delegación territorial de Empleo y Políticas Sociales de Bizkaia», en el que se considera que hay causas económicas y productivas para cerrar el resto de empresas y trasladar a los trabajadores a Soria y Extremadura, o sino de patitas en la calle».