La presión realizada desde diversos medios de comunicación -entre ellos GARA-, que el jueves hicieron público el caso de esta refugiada, abandonada sin asistencia sanitaria en Melilla desde hace dos meses, ha forzado al Gobierno español a proceder a su evacuación, tal y como reclamaba la familia. Ayer, pasadas las 22.00 horas, tanto Almustafá como otros 13 miembros de su familia (8 adultos y seis menores), huidos también de la guerra, accedieron al ferry que une la ciudad autónoma española con Málaga. Hasta allí estaba previsto que se desplazasen algunos familiares, residentes en Barcelona, donde serán acogidos. En un primer momento, la Junta de Andalucía se ofreció para atender a Almustafá. Sin embargo, esta decidió finalmente ser tratada en la unidad de quemados del Hospital Vall D´Hebron. La Cruz Roja se hará cargo del seguimiento del caso de la familia Almustafá. Smiha, cuñada de Manar, también sufre heridas en una de sus piernas que le impiden andar.

Según informó ayer el Ministerio del Interior español a través de una nota, el subsecretario de Estado, Luis Aguilera, firmó por la mañana la resolución de concesión de Protección Internacional tanto para Almustafá como para los 13 miembros de su familia que le acompañaban. Esto implica que contarán con autorización de residencia y trabajo durante cinco años. Según el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz, «se le otorga protección subsidiaria en lugar de estatuto de asilo, puesto que esta es la figura que se aplica a aquellos casos en los que no se cumplen los requisitos para obtener el asilo de acuerdo con la normativa vigente». No obstante, la nota afirma que ambos estatus garantizan los mismos derechos.

El peso de una denuncia mediática

La denuncia mediática y las gestiones del diputado de Amaiur Jon Iñarritu, que recientemente visitó Melilla y que presentó una batería de preguntas al Gobierno español interesándose por el caso, han sido clave para garantizar la atención de una mujer que lleva dos meses atrapada sin recibir la asistencia que necesita. Previamente también se habían interesado por el caso CEAR, ACNUR o el Defensor español del Pueblo. La ciudad autónoma fue la última etapa de un largo periplo que comenzó en las navidades de hace un años, cuando un proyectil impactó en su domicilio del barrio de Al Khalida, en Homs. En el ataque perdieron la vida varios miembros de su familia. Ella logró escapar a través de Líbano. De ahí pasó a Egipto, donde fue operada en nueve ocasiones. El golpe de Estado de junio le obligó a hacer nuevamente las maletas y, tras una breve estancia en Argelia, recaló en Melilla gracias a los pasaportes falsos que el grupo compró en Nador por 3.000 euros. Desde finales de octubre residía en un piso alquilado por sus familiares. El 8 de noviembre solicitó el asilo y no fue hasta el 3 de diciembre, cuando recibió la tarjeta roja que le acredita como tal pero que no le permite abandonar la ciudad autónoma. El Gobierno español se escuda en «trámites burocráticos» para justificar el largo tiempo transcurrido sin atención. De hecho, ha sido necesario que los medios denunciasen el caso para que el Ejecutivo acelerase el proceso.

Desde el mes de julio el flujo de personas que llegan a Melilla huyendo de la guerra de Siria se ha incrementado. Todos ellos se encuentran actualmente en el CETI, aunque reclaman ser trasladados a la península. Ayer, esta comunidad se concentró en la plaza de España de la ciudad autónoma española para exigir una mejora en sus condiciones de vida. Según el Gobierno español, la condición sine qua non para poder ser atendidos es que soliciten el asilo. No obstante, los refugiados se muestran reticentes, ya que muchas de las personas que llegan a Melilla escapando de algún conflicto permanecen atrapadas esperando un salvoconducto entre seis meses y tres años. Por el momento continúan en el CETI, donde se han registrado desavenencias con otros grupos de migrantes, especialmente los argelinos. Además, el número de refugiados sirios podría incrementarse, ya que muchos esperan en Marruecos para cruzar a Melilla.