La abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), Eleanor Sharpston, se pronuncia hoy sobre la multa millonaria que la Comisión Europea (CE) reclama para el Estado español por el régimen fiscal aplicado en los años 90 a unas 300 empresas de nueva creación de Gipuzkoa, Bizkaia y Araba, declarado ilegal por el Ejecutivo comunitario.

La opinión de la abogada general precede a la decisión final del Tribunal de Justicia sobre las denominadas «vacaciones fiscales» y, aunque no tienen carácter vinculante, este tipo de recomendaciones suelen inspirar la sentencia definitiva de la máxima instancia judicial comunitaria.

Las conclusiones generales de Sharpston se publicarán más de cuatro meses después de la última vista sobre el caso, en la que el representante del Gobierno español insistió en que no se le impusiera una multa con el argumento de que había recuperado todo el dinero que la CE entendía que se tenía que cobrar, incluso sin estar de acuerdo con la cuantía.

Bruselas admitió entonces que Madrid había recuperado el grueso de las ayudas y se mostró dispuesto a dejar caer una de las dos multas que había propuesto en un principio, a condición de que se recobrasen 278.000 euros en intereses de deuda aún pendientes en Araba.

El Gobierno español aseguró tras la vista que la recuperación de esa última cantidad no plantearía problemas dada su limitada magnitud, por lo que podía darse por cancelada la menor de las dos multas que había pedido la CE.

Bruselas insistió, no obstante, en la imposición de la otra multa debido a que ya habían transcurrido 12 años desde que la CE declaró el régimen vasco ilegal y porque el Estado español «es el segundo país con más casos por recuperar». En concreto pidió una «medida disuasoria» que podría superar los 64 millones de euros.

La abogada general podría recomendar imponer una multa del orden de lo que pide la Comisión, superior o inferior, o bien no aplicar sanción económica alguna, aunque esta última opción parece menos probable dada la envergadura del caso, que lleva más de una década en litigio.

La decisión final del Tribunal de Justicia podrá demorarse varios meses y no es recurrible.