Otro de los aspectos criticados por el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por ser contrario a la Constitución española es la posibilidad que contempla la ley de identificación de personas cuando «existan indicios de que han podido cometer una infracción o se sospeche que puedan cometerla».

Este informe, elaborado por los vocales Wenceslao Olea y María Victoria Cinto, será debatido el próximo jueves por el pleno del Poder Judicial, ha informado el órgano en un comunicado.

También considera de «dudosa legalidad» el supuesto de denegación del pasaporte mediante una resolución motivada del Ministerio del Interior español cuando «sea necesario para la efectividad de las medidas que deban adoptarse en los supuestos de los estados de alarma, excepción y sitio».

El Consejo de Ministros español aprobó el anteproyecto de la Ley de Seguridad Ciudadana el pasado mes de noviembre, cuyo contenido ha provocado una gran polémica. Prevé multas de hasta 30.000 euros para las «ofensas a España», las comunidades autonómicas, las entidades locales y sus símbolos, instituciones y emblemas cuando estas actuaciones no sean constitutivas de delito.

Las críticas llegaron desde diferentes ámbitos, incluso desde instancias europeas. El Consejo de Europa se pronunció a este respecto el pasado mes de diciembre, y calificó la nueva normativa como «altamente problemática».