Todos los grupos del Parlamento de Gasteiz, salvo EH Bildu y UPyD, que se ha abstenido, se han posicionado en contra de continuar con la tramitación parlamentaria de la proposición de ley defendida por la coalición abertzale dirigida a la reforma de la Ley para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social, con el fin de que el tiempo de empadronamiento para acceder a esa prestación se rebajara de tres a un año.

En su texto, EH Bildu también planteaba anular el apartado de la ley que especifica que los beneficiarios de la RGI tengan que hacer trabajos en beneficio de la comunidad.

La actual legislación sobre la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social, que elevó de uno a tres años el empadronamiento mínimo para percibir la RGI, fue aprobada durante la anterior legislatura con los votos a favor del PSE, que gobernaba entonces, y el PP.

En la defensa de su iniciativa, Belén Arrondo ha considerado «restrictivos» los cambios efectuados en esta ley, cuando más de 63.000 personas perciben la RGI en Gipuzkoa, Bizkaia y Araba y uno de cada cinco residentes, según ha dicho, están en riesgo de exclusión social.

La representante de la coalición abertzale ha denunciado que más de 5.000 personas no han podido percibir esta prestación por la modificación del requisito temporal de empadronamiento.

«Hay dinero. La cuestión es dónde se establecen las prioridades. Para ustedes, señor Urkullu, la prioridad no son las personas, sino cuadrar los presupuestos y las cuentas», ha advertido.

Desde el PNV, Amaia Arregi ha opinado que no ha transcurrido suficiente tiempo para ver los efectos del cambio en los requisitos de empadronamiento y, en todo caso, ha indicado que si este se baja supondría un incremento en el presupuesto de la RGI, en un momento de crisis en el que este «debe acomodarse a la posibilidad financiera de las instituciones».

Txaro Sarasua (PSE) ha apuntado que «no existe ni un solo dato» que indique que el tiempo de empadronamiento haya sido un «factor para impedir la integración social», pero ha dejado claro que la ley solo podría modificarse por razones sociales y no presupuestarias.

La parlamentaria del PP Laura Garrido se ha mostrado contraria a modificar la ley y ha defendido que el objetivo principal en época de crisis es «mantener la cobertura social».

Gorka Maneiro (UPyD), aunque ha defendido que es preciso mantener y mejorar el sistema vasco de inserción social y no recortarlo, ha explicado que se ha abstenido porque la iniciativa ha partido de EH Bildu y ha añadido que «no hay mayor recorte social que la justificación de la violencia del pasado».