Según ha relatado Luis Fernández, responsable nacional de construcción de la central sindical, los empleados de la empresa, de la que no se han aportado más detalles, afrontan jornadas abusivas de más once horas, trabajan a ritmos «exagerados» y cobran menos de lo establecido en el Convenio de la Construcción de Araba.

En una rueda de prensa ofrecida en Gasteiz, Fernández, que ha detallado que algunos trabajadores han cobrado mil euros por tres meses de trabajo, ha denunciado que los obreros viven en un piso patera.

«La contrata utiliza trabajadores procedentes de otros lugares del Estado español y de los países del este del Europa y los hacina en un piso habilitado con colchones por el suelo», ha señalado.

Una situación que se agrava cuando un trabajador es despedido, ya que este tiene que abandonar la vivienda. «No tiene techo, no tiene cama y se queda en Gasteiz sin tener dinero para vivir», ha añadido el responsable del sindicato, que ha acusado a las instituciones públicas de adjudicar obras a empresas que presentan ofertas en baja temerarias a la hora de concurrir a los concursos.

En el caso de Salburua, el Ayuntamiento sacó a concurso la obra por 12,5 millones de euros, y la UTE compuesta por VIAS y Construcciones Opakua se la adjudico con un precio de 8,9 millones, lo que supone una bajada del 30%. «La experiencia nos dice que eso va a conllevar, sí o sí, condiciones de explotación muy duras en la construcción del centro cívico», ha destacado.

«Tenemos mucha experiencia en este tipo de situaciones, y creemos que solo vamos a ser capaces de extirparlas de nuestra ciudad si somos capaces de crear un clima y un conflicto social de suficiente potencia que no permita que en ninguna obra publica estén trabajando personas en estas condiciones», ha subrayado Fernández, que también ha enumerado las acciones concretas realizadas por ELA.

Así, ha explicado que el sindicato ha denunciado ante Inspección de Trabajo las condiciones de los obreros, va a solicitar al Consejo de Relaciones Laborales (Preco) una reunión con los responsables de la obra, y está estudiando la posibilidad de emprender acciones penales por considerar que la situación en a que viven los obreros constituye un delito penal. A este respecto, ha anunciado que en los próximos días presentarán las denuncias oportunas.