Según explica en un comunicado, Dignidad y Justicia no comparte «en absoluto» la absolución de los 40 jóvenes independentistas, pero no la recurrirá ante el Tribunal Supremo por la desestimación de todas las pruebas presentadas por la acusación y, además, el coste económico que tendría, de hasta 120.000 euros.

La asociación presidida por Daniel Portero alerta de que «últimamente se están produciendo una serie de sentencias absolutorias en las que los tribunales dan más credibilidad a los acusados por terrorismo o enaltecimiento que la prueba que existe contra ellos». A su juicio, en este hecho «puede tener algún peso» el «miedo que siempre ha despertado ETA dentro de la justicia y principalmente dentro de la Audiencia Nacional».

Pese a todo, no recurrirá la sentencia porque, en primer lugar, la mayoría del tribunal de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española ha rechazado todas las pruebas con las que contaban las acusaciones «para mantener que Gazte Independentistak estaba instrumentalizada por Segi y sus integrantes eran miembros activos».

En su sentencia, el tribunal excepcional no daba validez a las declaraciones obtenidas por la Policía durante la incomunicación y cuestionaba que los jóvenes declarasen «en ejercicio de su libertad».

El segundo motivo que hace que Dignidad y Justicia renuncie a acudir al Tribunal Supremo es que la interposición de un recurso de casación genera unas costas de 3.000 euros de media por acusado, lo que en este caso, en caso de desestimarse su petición, haría que la asociación tuviera que pagar hasta 120.000 euros. «Inasumible para una asociación cuyos recursos económicos provienen de subvenciones y la generosidad de la gente», reconoce.

Dignidad y Justicia lamenta la «inacción» de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ya anunció que tampoco recurriría la sentencia porque, aunque asegura que no está satisfecho con la resolución, considera que no existe margen para recurrir la decisión.

Por lo tanto, una vez que se agote el plazo de cinco días desde la última notificación del fallo, la sentencia será firme.