La portavoz de la Diputación de Gipuzkoa y diputada de Infraestructuras, Larraitz Ugarte, ha informado de que la institución foral ha acordado imponer una multa de 1,6 millones de euros a la UTE Lapatza –compuesta por las empresas Moyua y Antzibar–, por el accidente laboral que en setiembre de 2013 se cobró la vida del trabajador José Ignacio Alkorta, de 33 años en las obras del puerto de Deskarga, en la carretera GI-632.

La Diputación ha resuelto que la citada UTE tiene responsabilidad en el accidente y ha explicado que el pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato prevé «la imposición de penalidades» al contratista para el incumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral y, en particular, del convenio colectivo de la Construcción y Obras Públicas de Gipuzkoa, «siendo de su exclusiva responsabilidad todo lo referente a accidentes de trabajo».

De esta manera, la Diputación considera que Lapatza ha incumplido dichas normas de seguridad, por lo que ha decidido sancionarle.

Ugarte ha defendido que el incumplimiento «quedó probado» en los informes emitidos por Osalan y la Inspección de Trabajo y «constituyen prueba suficiente para determinar la responsabilidad» de la UTE.

Ha explicado que tras la propuesta de sanción emitida por la comisión de seguimiento, ya se ha cumplido el plazo de alegaciones y reclamaciones, por lo que la multa es firme puesto que «no ha habido justificación» para retirar la sanción.

Ha subrayado que los informes de Osalan y de la Inspección de Trabajo sobre el accidente dejan «claro» que la UTE «tiene una responsabilidad» sobre «lo que debía haber hecho y no hizo Aballa S.L.» que, según ha dicho, «tenía los mecanismos» necesarios «para saber que la maquinaria» que propició el accidente «no estaba en buenas condiciones» y «aún así no actuó con la suficiente diligencia».

La diputada de Infraestructuras ha recordado que, además del proceso administrativo que concluye ahora con esta multa, hay abierto otro de carácter penal en los juzgados de Bergara que es independiente de la sanción que establece la Diputación.

Fallo en el freno

El operario fallecido pertenecía a la empresa Aballa, subcontratada por la citada UTE. Tras el accidente, la Diputación de Gipuzkoa, adjudicataria de las obras, apartó cautelarmente a la empresa de esos trabajos, tras detectar «algunos indicios de irregularidad», a la espera de los resultados definitivos de las investigaciones.

El informe de Osalan sobre el accidente apuntó a que el accidente se produjo como consecuencia de «un fallo en el freno de servicio» y concluyó que no se había cumplido el plan de seguridad. Tanto Osalan como la Inspección de Trabajo consideraron que existían «indicios de criminalidad» y que podría haber «personas penalmente responsables».