El portavoz del Gobierno de Lakua, Josu Erkoreka, ha abogado por la «prudencia y cautela» para no «acabar perturbando» el expediente sobre el pago de la multa de 30 millones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) por el retraso en cobrar las llamadas vacaciones fiscales.

Las manifestaciones se producen un día después de que el diputado general de Araba, Javier de Andrés, mostrase su disconformidad con la propuesta del Ministerio español de Hacienda, que ha planteado que este sea el herrialde que más pague.

Erkoreka ha reconocido que el Gobierno español está «aplicando la normativa que es de aplicación y ahí se contempla efectivamente un expediente que ha de ser tramitado en el seno del Ministerio de Hacienda y de Administraciones Públicas que incluye varias fases, una de las cuales, es la de dar audiencia a las partes para que cada una haga sus alegaciones».

En este sentido, ha apuntado que el Gobierno de Lakua «no tiene nada que decir en cuanto al modo en que el Gobierno central está tramitando el expediente», porque «lo está haciendo arreglo a su normativa».

«Con respecto a lo que pueda resultar de futuros eventuales acuerdos entre las instituciones vascas, pues el Gobierno tampoco tiene nada que decir en este momento, en tanto en cuanto es objeto de tramitación este expediente, porque podría resultar perturbadora cualquier declaración unilateral del Ejecutivo vasco o de cualquier otra institución afectada», ha apostillado.

Bizkaia espera una pronta reunión

La Diputación de Bizkaia ha señalado que está «analizando y estudiando« la propuesta del Ministerio español de Hacienda y que espera una «pronta reunión de las Haciendas forales y del Gobierno vasco, para tratar con calma y serenidad cómo afrontar el pago de la multa».

El organismo foral ha explicado que no se cierra a ninguna posibilidad, incluida la distribución del pago de la multa por coeficientes, «siguiendo el modelo de la Ley de Aportaciones, con los porcentajes del 70% por parte del Gobierno Vasco y el 30% de las Diputaciones, tal y como ya se había ido adelantando en los últimos meses en un tema en el que ha habido bastante consenso».

Gipuzkoa propone un reparto «equilibrado»

Por su parte, la diputada de Hacienda de Gipuzkoa, Helena Franco, ha planteado que las instituciones paguen la multa de una manera «equilibrada» para que ningún ciudadano «salga perjudicado en exceso».

Franco ha reiterado que su posición es que se reparta la multa atendiendo a los porcentajes que actualmente se utilizan para el reparto de los recursos públicos, es decir, que el 70 % lo pague el Gobierno autonómico y el 30% restante se divida entre las tres diputaciones atendiendo a su coeficiente horizontal, una postura similar a la de Bizkaia.  

La diputada de Hacienda ha considerado que los cálculos efectuados por el Ministerio de Hacienda perjudican especialmente a algunas instituciones y sobre todo, «a la ciudadanía de Araba». «Debemos actuar con criterio de país, intentando distribuir la carga de la sanción de la manera más equilibrada, evitando que algunos ciudadanos salgan perjudicados en exceso».

A su juicio, lo más importante no es cómo repartir la multa, sino que «existió una estrategia que, pasando por encima de los criterios exigidos desde Europa, no pretendía sino retrasar la recuperación de las ayudas y en todo ello hay claras responsabilidades políticas», y ha citado expresamente a PNV y PP, además de a la organización empresarial Confebask.