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Donostia

Y ahora, a engañar a Gipuzkoa

Los autores sostienen que de nada sirve tratar ahora de establecer una configuración diferente para Kutxa, ya que el poder sobre la actividad financiera de Kutxabank ya ha sido configurado en las asambleas de BBK y Vital Kutxa. Si estos partidos quieren que estas propuestas sean creíbles, deberían incorporar no sólo la denuncia de lo que se ha hecho en Bizkaia y Araba, sino una inmediata rebelión o dimisión.

Una vez que, el día 30 de junio, se ha suprimido el control público y social en BBK y Vital Kutxa, sustituyéndolo por un grupo de quince personas que se autodesignará «en cooptación» y blindado de cualquier control externo, queda pendiente «resolver» el problema de Gipuzkoa. Todo parece indicar que es la inseguridad sobre el resultado de la votación en la asamblea lo que ha llevado a retrasar la decisión.

Curiosamente, desde ciertos ámbitos relacionados con los partidos promotores de la apropiación de las cajas se han empezado a lanzar ciertos «sondeos» sobre posibles alternativas de configuración de la fundación bancaria a constituir en Gipuzkoa, distintas de las aplicadas en Araba y Bizkaia. En estas alternativas se alude a la participación de las Juntas Generales en la designación, a «asegurar el control democrático», o a configurar una «Fundación Kutxa» «enraizada y representativa».

Estos planteamientos son, en principio, vergonzosos para quienes los realizan. Por un lado, porque a través de ellos los partidos promotores de la apropiación de las cajas reconocen expresamente que lo que se ha hecho en Bizkaia y Araba no era, ni mucho menos, necesario. No se trata ya de que la figura de la fundación bancaria sea sólo una opción entre muchas todavía abiertas, sino que -incluso dentro de la figura de la fundación bancaria- las posibilidades de establecer una configuración más representativa o más cercana a la actual composición de las cajas son numerosas.

Esto evidencia que, como EKAI Center ha venido repitiendo y la sociedad vasca se está dando cuenta de día en día, lo que se está haciendo con las cajas no es ni obligatorio ni necesario. Es lo que se quiere hacer. Y es lo que se quiere hacer porque el objetivo preparado durante años y que ahora se está poniendo en marcha no es otro que la apropiación particular del control de nuestro sistema financiero por las élites de los partidos políticos tradicionales.

Todo parece indicar que estos partidos políticos -o, mejor dicho, sus actuales dirigentes- se han cansado de concurrir a las elecciones. Se han cansado de trabajar por conseguir el apoyo social y han decidido que es mucho más fácil optar por blindarse en el poder fáctico a través de esta disparatada maniobra de apropiación. Ello les permitirá el control social y económico a salvo de la opinión de nuestros ciudadanos o de algo tan incómodo como presentarse a las elecciones.

El que estos partidos estén haciendo este tipo de planteamientos diferenciados en Gipuzkoa es, en primer lugar, vergonzoso. Es vergonzoso porque ello revela hasta qué punto son ellos mismos conscientes de la falta de obligatoriedad y del disparate que supone lo que sus partidos han hecho en Bizkaia y Araba. Lo cual no parece sin embargo importarles demasiado, puesto que continúan dirigiendo toda su artillería dialéctica contra los opositores al proyecto en lugar de contra sus propios partidos. En coherencia con lo que ellos mismos están diciendo, lo que deberían hacer es rebelarse. Rebelarse cuanto antes para obligar a sus partidos a dar marcha atrás a la barbaridad que han puesto en marcha en Bizkaia y Araba. Rebelarse o dimitir, de forma inmediata, si es que tienen un mínimo de respeto al futuro de este país.

Al contrario, sin sonrojarse lo más mínimo, plantean que en Gipuzkoa se ponga en marcha una configuración diferenciada de la fundación bancaria, más «democrática» y «representativa».

Evidentemente, el que en Gipuzkoa se hagan las cosas lo mejor posible no es, en sí mismo, negativo. Siempre que lo que se pretenda no sea -como todo parece indicar- un nuevo engaño, dirigido en este caso a que la sociedad guipuzcoana pueda pensar que a través de una solución diferente en Gipuzkoa puede resolverse el problema «para Gipuzkoa».

Lo cierto es que, salvo que Gipuzkoa recuperara el control de la actividad financiera de Kutxa, las decisiones clave no son ni van a ser tomadas por Kutxa ni por la fundación bancaria que pudiera sustituirle.

La razón de ello es evidente. La actividad financiera no está ya en manos de Kutxa sino de Kutxabank SA. Esto quiere decir que los mecanismos de control de la misma son los mecanismos de control aprobados el 30 de junio para BBK y Vital Kutxa, que controlan mayoritariamente Kutxabank. Aunque se decidiera en Gipuzkoa una configuración diferente para Kutxa, ello no afectaría a quién controla realmente la actividad financiera.

De ahí que relacionar esta posible configuración «más democrática o representativa» para Gipuzkoa con «asegurar el enraizamiento de las inversiones» o «el compromiso con nuestro tejido económico» sea un error o una falsedad evidente. Se decida una u otra cosa en Gipuzkoa, el poder sobre la actividad financiera de Kutxabank en este territorio ya ha sido configurado en las asambleas de BBK y Vital.

Más aún, lo mismo ocurre sobre las cuantías que se destinarán a obra social en el conjunto de Kutxabank y, por lo tanto, sobre el importe de la obra social en Gipuzkoa. Es Kutxabank quien lo decide y, por lo tanto, el control sobre el mismo ya ha sido trasladado a esa nueva «élite».

A Kutxa, o a la fundación bancaria que pudiera sustituirle, sólo le queda decidir sobre qué destinos dar a los recursos que reciba de Kutxabank para su obra social. Ello es, en sí mismo, importante, pero son sólo migajas si lo comparamos con la enormidad de la capacidad de decisión trasladada a las cúpulas de los partidos políticos. Sin olvidar que, como consecuencia de la desaparición del control público, esta obra social se irá disolviendo hasta su desaparición.

Lo que ahora están haciendo estos partidos en Gipuzkoa es, sencillamente, un nuevo engaño masivo a los guipuzcoanos. Aparentemente, utilizar criterios más «democráticos y representativos» para el reparto de la obra social siempre sería positivo. Por supuesto, salvo que se trate -como parece- de una maniobra de imagen destinada a dar cobertura al monumental engaño que supone el actual proceso de transferencia de poder.

Si estos partidos quieren que estas propuestas sean creíbles, deberían incorporar no sólo la denuncia de lo que se ha hecho en Bizkaia y Araba, sino una inmediata rebelión o dimisión. Lo que se está haciendo con nuestro sistema financiero, con nuestra economía y con el futuro de este país no es una broma como para dejarnos engañar por maniobras de imagen.